¿Por qué Profeco no puede castigar la reventa de boletos digital? El limbo jurídico que nos afecta a todos
La reventa digital en México funciona en un vacío legal que permite fraudes, sobreprecios y boletos clonados, mientras una iniciativa para regularla sigue sin discutirse.
La Profeco reveló que el tema de la reventa digital ni siquiera forma parte de su agenda.
A pesar de la frecuencia de fraudes y la inflación de precios, la reventa en México opera bajo un vacío legal que deja a los asistentes de eventos en una vulnerabilidad total.
Las autoridades de protección al consumidor parecen ignorar el tema, mientras que una nueva propuesta legislativa busca finalmente poner orden al caos digital, pero aún ni siquiera ha salido a discusión.
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¿Por qué la reventa digital opera en un limbo jurídico?
En la Ciudad de México, la reventa en la vía pública es objeto de sanciones administrativas menores, pero la transición hacia boletos digitales y plataformas de intercambio ha creado un limbo jurídico.
De acuerdo al abogado Daniel Avitia, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, la ausencia de una ley federal específica impide que se castigue el acaparamiento y la especulación en línea.
La afectación no solo es por el incremento de precios, pues la falta de regulación facilita la clonación de boletos y estafas masivas en eventos de alta demanda, como este fin de semana lo vimos con el concierto de BTS, o hasta el Mundial de Fútbol 2026.
El abogado señaló que la falta de una ley federal impide que organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actúen con firmeza, debido a que la institución solo puede emitir recomendaciones, pero carece de facultades para sancionar a sitios de reventa o garantizar reembolsos por boletos clonados o falsos.
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¿Qué papel tendrían las autoridades fiscales y de consumo?
Subrayó la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también se involucre para fiscalizar estas transacciones y asegurar que las empresas operen bajo un marco de legalidad y cumplimiento fiscal.
“¿Qué se necesita? Que se cree una ley en donde se ingrese el concepto de venta o reventa, más bien de reventa digital. ¿Para qué? Para que, en este caso, las autoridades competentes, si le brindan las facultades a PROFECO o incluso también al SAT por el tema de fiscalización y pago de impuestos, pues estas autoridades puedan sancionar”.
— Daniel Avitia
La propuesta del especialista no se limita a la prohibición, sino a la creación de un sistema de certificación de plataformas autorizadas con distintivos de seguridad y códigos QR individuales para evitar los fraudes, así como establecer topes máximos en los precios de reventa.
Daniel Avitia hizo un llamado a los legisladores para que actualicen las leyes al ritmo del avance tecnológico.
“Tenemos que hacer un llamado directamente a los legisladores que volteen a ver, porque ahorita ya está entrando el tema digital. Ahorita estamos ya en una época en donde ya existe una transición donde los boletos la gran mayoría ya no son físicos, ya son digitales, te ponen un QR, utilizan alguna plataforma, alguna aplicación... Entonces, el hecho de que no esté regulado genera un riesgo”.
— Daniel Avitia
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¿Qué pasa con la iniciativa para regular la reventa digital?
La gravedad del asunto se acentúa con la postura de las instituciones, porque al consultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que el tema de la reventa digital ni siquiera forma parte de su agenda.
Ahora nos vamos al marco jurídico: el pasado 12 de noviembre de 2025, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, presentó una iniciativa de 20 páginas que busca convertir a Profeco en la autoridad principal con facultades reales para vigilar la reventa, obligar a la transparencia total en los precios y establecer límites estrictos a los sobreprecios.
La iniciativa no solo se enfoca en el castigo, sino en el control tecnológico y fiscal que propone frenar el uso de “bots” que acaparan el boletaje en segundos y permitir sanciones severas ante abusos comprobados.
Además, plantea que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intervenga para fiscalizar tanto a revendedores como a plataformas, abarcando todos los puntos ciegos que existen actualmente en la ley, y tal cual lo explicó el abogado Daniel Avitia.
Aunque viene la otra cara de la moneda, que expone cómo el tema no es prioridad para el gobierno, la propuesta de Gutiérrez Mancilla aún no ha sido discutida públicamente en comisiones o en el pleno.
La pregunta que queda en el aire es si el Congreso dará prioridad a esta reforma o si el consumidor mexicano seguirá desprotegido ante un mercado que avanza mucho más rápido que sus leyes.
