CNDH rechaza críticas a recomendación sobre el caso Ayotzinapa y defiende su autonomía
La recomendación sobre el caso Ayotzinapa fue defendida por la CNDH, que rechazó señalamientos de criminalización y sostuvo que el documento se elaboró conforme a sus atribuciones legales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó los cuestionamientos formulados por el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas respecto de la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa.
Sostuvo que el documento no estigmatiza ni criminaliza a organizaciones de la sociedad civil y que fue elaborado conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
TE PUEDE INTERESAR: Padres de Ayotzinapa denuncian estrategia del Gobierno para dividirlos tras casi 12 años
En un posicionamiento, el organismo respondió a las críticas emitidas por el Consejo Consultivo y defendió el contenido de la recomendación relacionada con violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La CNDH sostuvo que el pronunciamiento del Consejo Consultivo “no constituye la vía institucional idónea” para formular exigencias dirigidas a la presidencia del organismo.
Recordó que se trata de un órgano constitucional autónomo que no está subordinado a ninguna autoridad y que existen canales institucionales de comunicación entre ambas instancias.
¿Qué respondió la CNDH sobre las organizaciones civiles?
Respecto a las acusaciones de que la recomendación criminaliza o estigmatiza a organizaciones civiles, la Comisión aseguró que el documento únicamente presenta un análisis contextual basado en hechos verificables y públicos para comprender las distintas narrativas que rodearon uno de los casos más relevantes en materia de derechos humanos del país.
Afirmó que examinar la participación de organizaciones sociales, organismos internacionales y otros actores no implica atribuirles responsabilidad por las violaciones a derechos humanos ni trasladarles obligaciones que corresponden al Estado mexicano, sino aportar elementos para reconstruir el proceso de búsqueda de verdad y justicia.
Sobre los cuestionamientos a la metodología empleada, la CNDH indicó que las fuentes, el marco jurídico y la argumentación utilizados se encuentran plenamente desarrollados en la propia recomendación, por lo que consideró innecesario emitir un documento metodológico adicional.
Asimismo, rechazó que la recomendación promueva acciones de persecución fiscal contra organizaciones civiles o el uso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como mecanismo de presión.
Explicó que la información incorporada proviene de solicitudes de transparencia previstas en la legislación y que su inclusión responde al objetivo de contextualizar la investigación y fortalecer el derecho a la verdad.
¿Cuál fue el llamado de la CNDH al Consejo Consultivo?
La Comisión también consideró improcedente la petición para que el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se deslinde del contenido de la recomendación, al señalar que todas las áreas que integran la institución comparten la posición institucional expresada en sus recomendaciones.
Con relación a la solicitud para abstenerse de formular señalamientos sobre organizaciones de derechos humanos, el organismo reiteró que nunca lo ha hecho y que su labor consiste en investigar integralmente las violaciones a derechos humanos, analizando la actuación de todos los actores involucrados con apego a los principios de objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.
La CNDH afirmó que varias de las críticas derivan de una interpretación parcial del contenido de la Recomendación 208VG/2026, por lo que exhortó a leer el documento integralmente.
Reiteró su disposición a mantener un diálogo institucional y respetuoso con el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección y con los distintos actores involucrados en la defensa de los derechos humanos, al tiempo que aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con apego a la Constitución, a los tratados internacionales y al principio pro persona.



