Abelina López alcaldesa de Acapulco acumula un daño al erario por 230 mdp, pero se prepara para la gubernatura

Abelina López, alcaldesa de Acapulco con licencia, reportó haber gastado 229 millones de pesos para pavimentar calles, la compra de un motobomba para bomberos, equipamiento de patrullas y adquisición de uniformes para policías. Sin embargo, no hay prueba de que todo ello realmente haya sido comprado.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión al gobierno de Abelina López en 2022 y 2024, en las Auditorías al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Abelina López busca ser coordinadora estatal de “defensa de la transformación de Morena”, es decir, el paso previo a la candidatura a la gubernatura de Guerrero. De ahí que se separó del cargo el 1 de julio, cuando el Congreso de Guerrero le otorgó licencia.

Desde “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, se reveló que la Auditoría documentó que la administración de Abelina López gastó 230 millones de pesos de manera irregular durante 2022 y 2024, lo que significa un “daño al erario”.

En el gasto de 2022, los auditores detectaron un probable daño al erario por 23 millones de pesos. Según el municipio, se utilizó ese dinero para la compra de cemento, arena y grava, pero el municipio no presentó la documentación indispensable para comprobar obras públicas: proyectos ejecutivos, planos, bitácoras de obra, padrones de beneficiarios y actas de entrega. Es decir, faltan los documentos que acrediten cómo y dónde se ejercieron esos recursos.

En tanto, en la auditoría de cumplimiento número 1084, de la cuenta pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación señaló un daño al erario por 206 millones de pesos.

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Según el municipio de Acapulco, gastaron ese dinero para pavimentar calles, compra de uniformes para policías, equiparon patrullas, compra de un motobomba para bomberos, y otros proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, la administración municipal registró dos contratos. El MAJ-AD-2024/084 y MAJ-AD 2024/028, por 64 millones de pesos y 34 millones de pesos respectivamente. Y se trata de exactamente el mismo servicio “la construcción de pavimentación de la calle Vicente Guerrero, entronque con Miguel Hidalgo en la colonia Ampliación Arroyo seco”.

El municipio no presentó expedientes de los contratos, los documentos indispensables para iniciar cualquier servicio o compra, y tampoco actas de entrega recepción del servicio. De ahí que la Auditoría concluyó que esto “impidió acreditar la materialidad de las operaciones y el ejercicio efectivo del gasto”.

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Mientras que de los otros servicios, la Auditoría explicó que no hay actas de entrega-recepción, entradas al almacén, carencia de especificaciones técnicas de motobomba, ni hay lista de beneficiarios de uniformes para policías.

Es decir, se carece de la comprobación del uso de recursos. De ahí que el municipio de Acapulco suma 230 millones de pesos sin que justificara en qué los usó. La Auditoría señala que se trata de un probable daño al erario.

El daño al erario significa una afectación a la población de Acapulco, donde el 35.4% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada y 16.7% en situación de pobreza extrema. Mientras que la población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 24.9%.

“Para dimensionar el monto, 230 millones de pesos equivale al pago de más de 121 mil becas bimestrales Rita Cetina para estudiantes de secundaria”

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Corte invalida a Auditoría de Guerrero

Abelina López pasó el último año peleando en tribunales para que la Auditoría de Guerrero no investigara el presunto desvío de 898 millones de pesos enviados por la Federación al municipio durante 2023.

En 2025, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero interpuso una denuncia ante la Fiscalía del estado en contra de Abelina López Rodríguez por estas presuntas irregularidades.

López argumentó que la auditoría de Guerrero no tenía facultad legal para revisar el gasto de recursos federales y acusó que se trataba de una “persecución política”.

La funcionaria local interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar la actuación de la auditoría local. Finalmente, este lunes, el máximo órgano judicial del país falló a favor de López al advertir que la Auditoría del estado carecía de facultades para investigar recursos federales. Sin embargo, esto no significa una exoneración, ni resolución de culpabilidad, sino sólo una determinación de facultades.

A quien sí le corresponde investigar y, en su caso denunciar, es a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al tratarse de recursos del gobierno federal que envía a los estados y municipios.

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