Indaga EEUU a múltiples funcionarios y exfuncionarios mexicanos por corrupción

El gobierno de los Estados Unidos puso en marcha una estrategia coordinada entre varias de sus agencias adscritas a cuatro dependencias para identificar, investigar y en su caso sancionar e incluso presentar posibles acusaciones penales en contra de funcionarios mexicanos implicados en posibles casos de corrupción.

Autoridades estadounidenses confirmaron que por instrucciones de Washington se lleva a cabo una revisión completa de aquellos mexicanos que hayan utilizado el sistema financiero estadounidense o su territorio para ocultar o lavar recursos públicos obtenidos ilícitamente.

“Desde mediados e 2025 se nos ha ordenado una revisión completa de aquellos perfiles que pudieran ser objeto de diversas sanciones. La prioridad son casos recientes o con hasta diez años de antigüedad y que se puedan conectar con la jurisdicción americana. En estos momentos hay trabajos de inteligencia en marcha sobre ello” dijo uno de los funcionarios que pidió reserva, pues no hay autorización para dar declaraciones sobe ello.

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Se puntualizó que no se trata solo de identificar y trabajar casos que tengan potencial de ser presentados en alguna corte federal. Al gobierno de Trump también le interesa la promoción de otros recursos con los que cuenta su legislación, desde bloqueos financieros, hasta posibles sanciones de tipo migratorio.

En todo este esfuerzo trabajan, por lo menos, los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Estado y del Tesoro, a través de sus diversas agencias.

Aunque las fuentes consultadas indicaron que se trata de una política regional, subrayaron que el caso de México tiene prioridad debido a la cercanía con los Estados Unidos y al posible impacto sobre ello.

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El pasado 26 de abril un artículo publicado por el diario LA Times aseguró, citando a sus propias fuentes, que la administración de Donald Trump busca poner en marcha “una amplia campaña anticorrupción” enfocada a funcionarios mexicanos corruptos que tengan nexos con el crimen organizado.

Cuestionada en su conferencia matutina sobre la posibilidad de que ese haya puesto en marcha una campaña anticorrupción desde los Estados Unidos, la presienta de México, Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que lo que espera es que, en caso de que se determine proceder en contra de algún funcionario mexicano, haya pruebas suficientes de ello.

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A su vez recordó que su administración ya ha solicitado a los Estados Unidos la entrega de dos empresarios estadunidenses presuntamente implicados en el caso de huachicol fiscal, lo que sin embargo, no ha ocurrido hasta la fecha.

Bajo advertencia no hay engaño

Aunque la referida estrategia no se ha dado a conocer oficialmente, en los últimos días y meses las autoridades estadounidenses ya han dado señales de su puesta en marcha y de la preocupación que existe por las posibles actividades corruptas en México.

Por ejemplo, durante la inauguración de unas obras en Los Mochis, Sinaloa, el pasado 25 de abril, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aprovechó su discurso para mandar un mensaje sobre el riesgo que representa la corrupción para la región y la necesidad de ponerle freno.

“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas (…) Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”, dijo el embajador.

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Previamente, el Departamento de Estado ya había anunciado que cancelaría visados ya expedidos a todos aquellos políticos o servidores públicos que resulten implicados en actividades delictivas. De acuerdo con el diario LA Times, entre los políticos cuya visa fue retirada se encuentra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En diciembre pasado también se dio a conocer, por ejemplo, el retiro de la visa al entonces Director de investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez. Poco después de esos hechos el exfuncionario fue separado de su cargo.

En otra arista de la ofensiva oficial el Departamento d Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha identificado y ejecutado detenciones de al menos cuatro mexicanos vinculados con procesos relacionados con corrupción y lavado de recursos en México. Hasta ahora todos ellos han sido sometidos a procesos exclusivamente migratorios.

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Caso Cienfuegos no está cerrado

En su conferencia matutina, la presienta Sheinbaum insistió, de nueva cuenta, que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue entregado por los Estados unidos a México debido a que no había pruebas en contra

“Ellos no tenían ninguna prueba, ninguna evidencia, de un acto ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que deciden devolver al general Cienfuegos a México, Y luego también la FGR investiga y se concluye que no había delito”, indicó la presidenta.

Sin embargo, los funcionarios consultados indicaron que esa información es incorrecta, y que como quedó asentado en los expedientes judiciales del caso Cienfuegos, fue entregado por una decisión diplomática. Los cargos en su contra fueron suspendidos “sin prejuicio”. Lo anterior significa que, en cualquier momento, la misma acusación relacionada con posibles nexos con el narcotráfico puede ser presentada.

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