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SCJN prohíbe cobro de cursos obligatorios para titularse en universidades públicas de México

Estudiantes de universidades públicas ya no pagarán cursos necesarios para titularse: la SCJN protege la gratuidad total de la educación superior en México

SCJN prohíbe cobro de cursos obligatorios para titularse en universidades públicas de México

SCJN prohíbe cobro de cursos obligatorios para titularse en universidades públicas de México / NurPhoto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo sobre la educación gratuita en México, al declarar ilegal el cobro de cursos obligatorios para titularse en universidades públicas. La decisión, notificada el 3 de marzo de 2026, sienta un precedente nacional que impactará en todas las instituciones de educación superior públicas del país.

El caso analizado provino de un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, modalidad “Universidad Abierta”, quien había pagado por un curso de comprensión de lectura necesario para cumplir con los requisitos de titulación. Al presentar un amparo, argumentó que dicho pago violaba la gratuidad constitucional de la educación. La Corte determinó que este curso constituía un requisito esencial para obtener el título profesional y, por tanto, no puede tener costo alguno. Además, ordenó la devolución de los pagos realizados por este concepto.

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El fallo se fundamenta en la reforma al artículo 3° constitucional de mayo de 2019, que garantiza el derecho a la educación gratuita y obliga al Estado a asegurar que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios sin barreras económicas. La SCJN destacó que el cobro por cursos de titulación generaba discriminación por capacidad económica, afectando directamente el derecho a la educación y la equidad.

Con esta resolución, todas las universidades públicas de México deberán eliminar cualquier pago adicional asociado a la titulación, incluyendo cursos, talleres o exámenes que sean indispensables para obtener el título profesional. Especialistas en derecho educativo consideran que este fallo fortalece la protección del acceso igualitario a la educación superior, garantizando que ningún estudiante quede excluido por razones económicas.

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