Proponen ley para proteger a quienes revelan casos de corrupción
Una iniciativa busca garantizar protección a denunciantes mediante canales seguros, confidenciales y accesibles para reportar irregularidades en el sector público y privado.
La diputada morenista propone actualizar la definición de “denunciante” reconociendo que no sólo se trata de quien presenta una queja, sino de un sujeto protegido en la ley / Perawit Boonchu
La diputada federal Elizabeth Ayala presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para garantizar canales seguros, confidenciales y accesibles para quienes revelen y denuncien casos de corrupción, además, de salvaguardar su protección.
La propuesta de la legisladora de Morena responde a la recomendación de diversos organismos internacionales como la OCDE que han subrayado la necesidad de contar con sistemas efectivos de protección a los denunciantes de prácticas indebidas, esquemas de colusión, desvíos de recursos o sobornos en el ámbito público y privado.
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¿Por qué se busca fortalecer la protección a quienes denuncian?
Pese a los avances en esta materia, las normas jurídicas de nuestro país aún carecen de un marco integral de protección a denunciantes y que este vacío normativo provoca que muchos potenciales denunciantes enfrenten riesgos laborales, personales y legales, lo cual desincentiva la denuncia y mantiene espacios de impunidad.
Elizabeth Ayala resaltó que, en países donde existen canales confidenciales, garantías de anonimato, medidas de no represalia e incentivos proporcionales, la denuncia ha demostrado ser una de las vías más eficaces para detectar irregularidades y mejorar la rendición de cuentas. Además, de ofrecer certidumbre a los denunciantes.
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¿Qué cambios plantea la iniciativa para proteger a denunciantes?
Por ello, la iniciativa de la diputada morenista propone actualizar la definición de “denunciante” reconociendo que no sólo se trata de quien presenta una queja, sino de un sujeto protegido en la ley, con derecho a confidencialidad, anonimato y medidas efectivas de protección que salvaguarden su integridad personal, laboral y patrimonial.
También que no se limite únicamente a servidores públicos, sino que también incluya a particulares que participen en procesos de contratación pública, en el manejo de recursos federales o en cualquier interacción con entes públicos, siempre que presenten denuncias.
La legisladora Elizabeth Ayala remarcó que países como Canadá, Reino Unido y Corea del Sur cuentan con marcos legales específicos que han demostrado eficacia en la protección de denunciantes, logrando reducir la impunidad y fortalecer los sistemas de control.
