Ordenan a la CEAV reconocer como víctima a madre de joven jornalero que murió por “narcomina”
También se solicitó al CICR, en la CDMX, asistir al grupo de jornaleros de la Tierra Caliente de Michoacán que se amparó contra la omisión de las autoridades federales y estatales
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
En virtud de que fueron violados sus derechos humanos por el fallecimiento de su hijo menor al explotarle una “narcomina” cuando laboraba en una huerta de limón en Buenavista Tomatlán, Michoacán, el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconocer como víctima a Mayra Alejandra Buenrostro.
Así se lee en un acuerdo publicado hace unos días, derivado de un juicio de amparo promovido por un grupo de jornaleros de la Tierra Caliente, donde además el impartidor de justicia federal, solicitó al Instituto de Defensoría Pública Federal (IDPF) asignarle un asesor jurídico para que la asista, en carácter de víctima, sobre los trámites que deba realizar ante la CEAV.
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Santamaría Chamú determinó también que está demostrado que, a Mayra Alejandra Buenrostro, originaria de la comunidad de Santa Ana Amatlán, se le violaron sus derechos humanos, derivado de la muerte de su hijo menor Pablo, ocurrida en febrero pasado.
Asimismo, el juez con sede en Morelia, Michoacán, solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de su oficina sede en la Ciudad de México, prestar protección y asistencia humanitaria al grupo de jornaleros de la Tierra Caliente de Michoacán que se ampararon contra la omisión de las autoridades federales y estatales para retirar los explosivos artesanales sembrados por el crimen organizado, particularmente a Mayra Alejandra Buenrostro.
“Así como para que auxilien a las autoridades del Estado Mexicano, en la medida que resulte necesaria, para que cumplan con las obligaciones impuestas en esta resolución”, se indica en el acuerdo.
Cabe señalar que el juez, Sergio Santamaría Chamú, también admitió la ampliación de la demanda de amparo promovida contra actos del fiscal general y del secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán, toda vez que la madre del joven jornalero muerto en una huerta de limón al pisar una mina antipersonal de manufactura artesanal, señaló que ambos funcionarios la revictimizaron al señalar en varias entrevista periodísticas que su hijo trabajaba para el crimen organizado, violentando reiteradamente sus derechos humanos fundamentales y tratando así de minimizar la muerte de mi su hijo, de quien, aseguró “puedo comprobar plenamente que se dedicaba a la actividad lícita de cortar limón en las huertas, tal y como lo hacen muchos niños y jóvenes de la región”.
