Los inversionistas quieren reglas claras en energía

“Reforma a Industrias Estratégicas” es el nombre de la reforma aprobada ayer en la Cámara de Diputados que pasó al Senado de la República, puntualizó el experto en temas energéticos, Pablo Zárate, quien urgió a los legisladores a reconocer que “tiene que acotar esta iniciativa y empezar a proponer caminos específicos”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, puntualizó que la iniciativa se divide en dos bloques, “el primero una transición para Pemex y CFE, que son consideradas empresas productivas del Estado, sujetas a toda la regulación y andamiaje jurídico que tiene que ver con preceptos antimonopolios”.

Puntualizó que a PEMEX y CFE las sacan de ahí y las convierten en un híbrido entre empresa y autoridad y dejan de lado el beneficio económico, lo que genera la apertura para que se hable en qué espacios adicionales ambas pueden ejercer monopolios. La iniciativa, dijo, “es mucho más cargada del lado eléctrico”.

“En el segundo bloque, la CFE, uno de sus principales cambios es el establecimiento de la no prevalencia de los privados”, un término que calificó como ambiguo y va a depender de la legislación secundaria.

“Esta reforma puede cambiar las reglas del juego, porque el texto es bastante ambiguo, pero podría ser compatible con el modelo actual”.

El contexto aquí, dijo, es lo que importa con los precedentes de 2021, que fue declarada inconstitucional.

Y aunque la presidenta Sheinbaum y la secretaría de energía, Luz Elena González, llaman a no preocuparse, “los inversionistas lo que quieren son reglas claras”.

Resaltó que “México ya tiene decenas de miles de millones de dólares de inversión que ya se ejecutaron y si la Constitución no es compatible con los contratos existentes, se van a volver un foco de responsabilidades tremendas para los inversionistas”. Esto generaría un potencial de discusión significativo.

Por lo que México, dijo, “tiene que acotar esta iniciativa y empezar a proponer caminos específicos” o encarecerá el sistema, afectando al consumidor final sin aportar al nearshoring.

Preocupa, dijo, “el no reconocimiento de los riesgos que implica para el encarecimiento del sistema”, por ello urgió a “que el gobierno reconozca que trabaja para disminuir impactos”.