Prisión preventiva oficiosa de nuevo en debate por irresponsabilidad del Legislativo

“La prisión preventiva automática hace que las fiscalías ya no tengan que justificar nada., lamentable que gobernadores presionen a la Corte con elementos jurídicos endebles” para sostenerla cuando es violatoria a los derechos humanos, señaló el investigador del IIJ-UNAM, Javier Martín Reyes

“La prisión preventiva oficiosa es sometida nuevamente a debate por la irresponsabilidad del Poder Legislativo, de todos los partidos políticos de los gobiernos de todos los colores quienes en diferentes momentos han idos ampliando catálogo de delitos”, “incluso el presidente sigue proponiendo ampliarlo”, señaló.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco recalcó que la PPO “es una medida que lo que subsidia la ineficiencia, ineficacia y violación a los derechos humanos que comenten las fiscalías… aunque algunos casos la ameritan cuando hay algún riesgo para las víctimas o para el desarrollo del proceso penal, pero es chamba de las fiscalías justificar caso por caso”.

“La prisión preventiva automática hace que las fiscalías ya no tengan que justificar nada”-

Por eso, “las cárceles están llenas de personas que todavía no tienen sentencia, en su mayoría de escasos recursos que no tuvieron acceso a una buena defensa, perdiendo años de su vida”; actualmente son 90 mil personas sin sentencia las que permanecen en prisión preventiva.

Recalcó que esto “no es un tema de partidos políticos, sino de derechos humanos, los casos son tragedias familiares”. Por ello la exigencia es “que las fiscalías hagan su chamba que demuestren que hay un riesgo, pero si no hay justificación, esas personas tendrán que salir libres y ser tratados como inocentes”.

Recordó que la Corte Interamericana como proyectos de la SCJN, no es que en automático esas 90 mil personas salgan de la cárcel, sino “que las fiscalías demuestren que hay un riesgo para que estas personas sigan en prisión preventiva, pero si no hay justificación tendrán que salir libres porque es lo correcto”, pues afirmó “las cárceles están llenas de presuntos culpables”.

“Nos debería avergonzar como sociedad queriendo tratar de justificar la figura de prisión preventiva” dijo y lamentó que “ahora sean los gobernadores los que traten de ejercer cierto tipo de presiones sobre la Corte con elementos jurídicos bastante endebles”.

Y señaló que “lo que debió hacer el Legislativo hace mucho es promover una reforma para modificar o eliminar la figura de PPO”

Concluyó que tanto el poder Legislativo como el Judicial están obligados a revisar esa figura, pero el problema es totalmente legislativo.