CÁMARA DE DIPUTADOS. PRD propone hasta 7 años de cárcel por el delito de anticoncepción forzada
Será castigado quien practique en la mujer procedimientos químicos, sustancias u objetos de cualquier otra índole para evitar la fecundación
PRD propone hasta 7 años de cárcel por el delito de anticoncepción forzada(FOTO: Cuartoscuro)
México
La diputada federal Olga Luz Espinosa Morales propuso tipificar y sancionar el delito de anticoncepción forzada, el cual busca establecer pena de cuatro a siete años de prisión y hasta setenta días multa.
Señaló que las sanciones incluyen el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, además, del procedimiento médico o quirúrgico correspondiente para revertir la anticoncepción.
La legisaladora del PRD por Chiapas explicó que esta iniciativa deja claro en el Código Penal Federal que comete el delito de anticoncepción forzada quien, sin el consentimiento de una persona o mediante el uso de la coacción o a través de la manipulación implante o practique en ella procedimientos químicos, sustancias u objetos de cualquier otra índole para evitar la fecundación.
Incluso, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva. En caso de que el responsable sea servidor público se le privará del empleo, cargo o comisión que haya estado desempeñando.
También cuando la persona responsable ofrezca algún tipo de dádiva, prestación económica, social o de cualquier otra índole, las penas aumentarán hasta un tercio.
Los cambios a la Ley General de Salud plantean que en tratamientos de anticoncepción o esterilización, la autorización deberá otorgarse por escrito y únicamente podrá proporcionarla la persona usuaria beneficiaria, previo a su intervención o internamiento.
Tratándose de personas que pertenezcan a grupos vulnerables, el personal que recabe la autorización deberá explicarles atendiendo a sus condiciones particulares, incluyendo el lenguaje o idioma que comprendan.
En el caso de las personas con discapacidad auditiva, podrán auxiliarse por un intérprete de lengua de señas mexicanas o de persona de su confianza.
La diputada Espinosa Morales considera que la iniciativa tiene por objeto eliminar la violencia obstétrica que se realiza mediante la esterilización y anticoncepción forzada.
De acuerdo con datos oficiales, dijo, en México hay más de seis millones de mujeres indígenas, de las cuales 4.8 millones, el 80 por ciento, son víctimas de la violencia obstétrica. La situación es grave debido a que seis de cada 10 mujeres indígenas están en etapa reproductiva.
