PAN denuncia a AMLO ante Corte Penal Internacional por presunto pacto con criminales
El Partido Acción Nacional acudió a la Haya para exigir una investigación contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por supuestos delitos de lesa humanidad y complicidad con cárteles.
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Anunció el Partido Acción Nacional, que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México.
De acuerdo al albiazul, se decidió acudir a la Corte Penal Internacional, debido a que las instituciones nacionales son cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes.
¿Cuáles son los delitos que imputa el PAN en la denuncia internacional?
Según la denuncia existen posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico.
Así mismo sostiene que la realidad que vive México en materia de inseguridad, no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del crimen organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el crimen organizado.
¿Qué gobernadores de Morena son señalados en el documento?
La denuncia también refiere que entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
“El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.
Al mismo tiempo, sugirió señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, algo que enfatizó, los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal profundizaron la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.
