Mireles, un preso político: Solalinde
El padre en favor de los derechos migrantes consideró la detención del guardia comunitario como un acto contra defensores de derechos
Por David Galván. México.- El sacerdote y activista en favor de los inmigrantes, Alejandro Solalinde, consideró que la aprehensión contra el líder de autodefensas michoacano, José Manuel Mireles, es muestra de un sistema que no quiere cambiar y se ancla en viejas prácticas corruptas como la siembra de armas y de droga para evitar el diálogo con defensores de derechos humanos. “Esta detención podemos calificarla con toda propiedad como una detención que hace del doctor Mireles un preso político, porque ese es el nombre técnico, es un preso político… y yo digo que todas las personas que estamos defendiendo algo estamos en cierta forma, desafiando al sistema… ¿Y qué? ¿Van a acabar con nosotros? ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Porque no nos vamos a callar”. Pese a reconocer que no apoya la acción armada, el padre Solalinde dijo entenderer la situación que ha vivido y vive Michoacán, donde el pueblo tuvo que defenderse frente a una acción criminal que se tradujo en el asesinato de familias y despojo de propiedades. En tal sentido, rechazó las afirmaciones del Comisionado para la Seguridad en la entidad respecto a la erradicación de la violencia en la región, a la vez que señaló las irregularidades detectadas en la captura del ex vocero del Consejo de Autodefensas regional. “Yo no le creo al gobierno. No ceo eso que dice el comisionado Castillo. Una serie de mentiras… pero además, si fue torturado, si fue aprisionado y esto, se encargarán de decirlo. El agente sabe que no es ninguna persona violenta. Él nunca ha tenido armas personalmente, no las ha cargado. La sociedad mexicana tiene que despertar y tiene que exigir otro tipo de tratamiento para los defensores de derechos humanos, porque él es un defensor”. Tras ser detenido en un operativo efectuado el fin de semana en el municipio de Lázaro Cárdenas, Mireles Valverde espera en el penal federal de Sonora a que se resuelva su situación jurídica ante cargos en su contra sobre delitos de portación de armas exclusivas del Ejército y contra la salud.
