Equiparar a directores de OSC con funcionarios viola DDHH: Ricardo Bucio

Ciudad de México

El pasado 7 de junio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal, que equipara a los directivos y administradores de una asociación civil con servidores públicos para ser juzgados como tales en caso de corrupción; el presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía Cemefi, Ricardo Bucio, manifestó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

Detalló que esta modificación da la posibilidad de que para todos los efectos de delitos de corrupción las personas que trabajan para la sociedad puedan ser considerados servidores públicos y tener el mismo tratamiento, sin embargo, señala que los servidores públicos además de haber sido electos, tienen agravante por el manejo de recursos públicos que pueden ser objeto de corrupción.

Refiere que recursos y apoyos públicos son considerados descuentos como apoyo para el pago del agua o descuento de predial que tienen muchas organizaciones civiles, y la Ley Federal reconoce la labor de estas organizaciones desde 2004, un trabajo de interés público, son organismos privados que ayudan a niños abandonados, a personas mayores abandonados, migrantes, a la realización de programas sociales de alimentación y educación entre otros.

Por ello, coincide con la Comisión de Derechos Humanos, que señala que esta reforma es inconstitucional pues contraviene el principio de progresividad de los Derechos Humanos, es decir la participación y asociación ciudadana y el derecho a la seguridad jurídica pues en un posible cado de corrupción impone una normatividad que no les aplica.

Con esta reforma señala la corrupción, “es “la acción o la omisión de obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza”, lo que puede ser discrecional por la amplitud del término.

Esto dijo, transgrede lo que dice la Constitución, pues además pone agravantes como la inhabilitación para ejercer algún cargo publico y no ser considerado para adquisiciones o compras de cualquier tipo de cosa, siendo estas organizaciones un apoyo para la comercialización de productos de grupos sociales como los jóvenes down.

El director ejecutivo de Cemefi comparte la Comisión de Derechos Humanos ya presentó una acción de inconstitucional y será la Corte la que defina lo que procede.

Sin embargo señala Bucio esta modificación busca endurecer el control para las organizaciones que reciben recursos públicos, a la que se suma otra iniciativa que se encuentra en el Senado y que señala que toda organización que reciba recursos del extranjero aunque sea para dar de comer a menores, podría ser considerada como un recurso para promover oposición política.

Otra en Cámara de Diputados sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que señala a las organizaciones civiles como vulnerables, por lo que impone cargas administrativas enormes y una más que prepara la miscelánea fiscal y señala a las organizaciones como entes que reciben grandes cantidades que deberían llegar al gobierno.

Finalmente recuerda que de 33 mil niños en casa hogar, el 90% de ellos son atendidos por alguna organización civil, atención que al gobierno le saldría bastante cara.