La retórica antidrogas como herramienta de intervencionismo: El factor Trump en el caso Rocha Moya
Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa muestran un juego de presión y desbalance, donde la justicia de Estados Unidos actúa como herramienta política
La retórica de la "guerra contra las drogas" sigue siendo una de las herramientas más potentes de intervencionismo
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La acusación formal por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez y Gerardo Mérida Sánchez, por cargos de narcotráfico, aparece en un momento que, más allá de la responsabilidad penal de los implicados, está en medio de un complejo escenario de lo que hoy es la política exterior de Trump.
Para Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE, estos señalamientos no pueden leerse de forma separada, pues el uso de imputaciones por narcotráfico o corrupción se ha convertido en un brazo de intervención recurrente de Estados Unidos en América Latina que busca avanzar intereses económicos y políticos, utilizando la narrativa criminal para ejercer chantaje en momentos cruciales de la relación bilateral.
La señalización de la ineficacia en las fiscalías mexicanas funciona como la base de una justificación técnica para Estados Unidos, que construye el andamiaje para eventuales acciones de fuerza en territorio nacional, donde esta narrativa abriría la puerta a acciones estadounidenses para ejecutar detenciones de funcionarios por cuenta propia.
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Bajo esta lógica, el cuestionamiento principal no está únicamente en la veracidad de las pruebas contra el círculo cercano del gobierno sinaloense, sino en quién ostenta la facultad de juzgarlos. Es decir, la retórica de la “guerra contra las drogas” (la herramienta más potente de intervencionismo en América Latina) operaría, así, como el primer eslabón de una cadena hecha para forzar concesiones por parte del Estado mexicano en la agenda de seguridad y comercio, en el contexto de la renegociación del T-MEC.
Pero, a pesar de la crítica al intervencionismo, el diagnóstico sobre la justicia en México es muy severo porque existe un reconocimiento de que las condiciones actuales del Estado para procesar casos de alto nivel son insuficientes, son ineficaces. La colusión entre el crimen organizado y la política es un fenómeno muy evidente, no solo en Sinaloa sino en gran parte del país, y esto alimenta el argumento de la impunidad que Washington utiliza a su favor.
Y aquí la disyuntiva: o aceptar la intervención extranjera como respuesta a la falta de resultados internos, o crear un sistema capaz de romper los lazos entre política y delincuencia.
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