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Bloqueo a cuentas sin orden judicial genera alerta por inversión en México: Coparmex

La Coparmex advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial puede afectar la inversión y la certeza jurídica en México.

La Coparmex advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial puede afectar la inversión y la certeza jurídica en México.

La Coparmex advirtió que el bloqueo de cuentas sin control judicial puede afectar la inversión y la certeza jurídica en México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que el bloqueo cuentas bancarias sin orden judicial previa representa un riesgo para la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en México, tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué preocupa el bloqueo de cuentas sin orden judicial?

Mediante un pronunciamiento el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que “en México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo”, y alertó que cuando el acceso a recursos puede restringirse sin controles judiciales, “se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica”.

“Cuando una autoridad puede restringir recursos sin supervisión judicial, se genera incertidumbre, y la incertidumbre frena la inversión. México compite por atraer capital en un entorno global cada vez más exigente. Decisiones como esta elevan la percepción de riesgo y debilitan la confianza”, alertó el dirigente nacional del sindicato patronal.

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¿Qué implicaciones tiene la resolución de la Corte?

El presidente nacional de la COPARMEX criticó que la decisión del máximo tribunal, tomada el pasado 6 de abril, “abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sin una orden judicial previa”, lo que —advirtió— “establece un precedente delicado para el Estado de derecho”.

La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, permite que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas cuando existan “indicios suficientes” de operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, Sierra Álvarez subrayó que este esquema “tensiona el principio de presunción de inocencia, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa”, lo que puede traducirse en “efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad”.

¿Cómo impacta a las MIPYMES y la economía?

Asimismo, alertó que las más afectadas serán las micro, pequeñas y medianas empresas, al representar más del 99% del tejido empresarial, ya que “un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio”.

“El impacto es aún mayor para las MIPYMES. Un bloqueo de cuentas puede detener pagos, afectar empleos y poner en riesgo su permanencia. Esta resolución no cierra el debate, abre una responsabilidad directa para el poder legislativo y las autoridades regulatorias”, alertó.

El organismo también destacó que este contexto es especialmente relevante ante compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que “decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país”.

“Corresponde colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios, los plazos máximos de duración y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional”, indicó.

Entre sus propuestas, el organismo planteó definir criterios objetivos para el bloqueo, establecer control judicial previo en un máximo de seis horas, garantizar la notificación inmediata al afectado, crear un régimen de responsabilidad por abusos y transparentar el uso de estas facultades.

Finalmente, reiteró que “el combate a la ilegalidad debe ser plenamente compatible con la seguridad jurídica,


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