Pérez Dayan se llevó 2 de las 4 camionetas blindadas de la Corte; pagó la mitad de su valor inicial
Las otras dos fueron adquiridas por los ministros Ríos Farjat y Luis María Aguilar; todas estaban en óptimas condiciones y con kilometraje óptimo. Desde 2013 ministros legalizaron estas adquisiciones.
Alberto Pérez Dayán, ministro en retiro, adquirió dos de estas unidades de lujo, ambas con blindaje nivel cinco, bajo kilometraje y en “perfecto estado de conservación”
Poco antes de dejar el cargo, tres ministros de la anterior conformación de la Suprema Corte aprovecharon un acuerdo interno emitido desde 2013 para adquirir cuatro camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas modelo 2020, todas en excelentes condiciones, pagándolas a poco más de la mitad de su precio original.
Alberto Pérez Dayán, hoy ministro en retiro y quien fue pieza clave para la aprobación de la reforma judicial que dio paso a la extinción de la Corte anterior, adquirió dos de estas unidades de lujo, ambas con blindaje nivel cinco, bajo kilometraje y en “perfecto estado de conservación”, por un total ligeramente superior a 2 millones de pesos, es decir, aproximadamente la mitad de su valor cuando fueron compradas con recursos públicos.
Las otras dos camionetas fueron para las exministras Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar, quienes también pagaron montos fijados con un descuento cercano al 50 por ciento respecto del precio de adquisición original. En conjunto, la Corte desembolsó inicialmente 8 millones 551 mil pesos por las cuatro camionetas y terminó vendiéndolas a los ministros por 4 millones 391 mil pesos, según los avalúos técnicos y facturas consultadas.
Oficios, avalúos y facturas en poder de este medio detallan que las operaciones se realizaron mediante solicitudes dirigidas a la Oficialía Mayor, estudios de mercado y avalúos individuales de cada unidad, en los que se corroboró su estado mecánico, electrónico y el tipo de blindaje instalado.
Todos los trámites se realizaron al amparo del Acuerdo General de Administración aprobado por el pleno de la Corte el 9 de septiembre de 2013, que permite a los ministros en retiro comprar, dentro de los 30 días previos a su salida, los vehículos oficiales que les fueron asignados para su labor. Dicho acuerdo se sustenta a su vez en la Ley General de Bienes Nacionales, que faculta al Poder Judicial para enajenar bienes muebles de su patrimonio y administrar de forma autónoma estos activos.
Los ganones
En el caso de Pérez Dayán, los expedientes muestran que pidió primero una Grand Cherokee Limited Lujo 2020 color plata, con 26 mil 83 kilómetros recorridos y blindaje nivel D, valuada en 1 millón 171 mil pesos, que pagó el 22 de agosto de 2025. Días antes de concluir su periodo, gestionó la desincorporación de una segunda camioneta del mismo modelo, pero con apenas 4 mil 212 kilómetros y blindaje también nivel D, cuyo valor de venta se fijó en 1 millón 223 mil pesos, liquidada igualmente el 22 de agosto.
Ríos Farjat tramitó en junio de 2025 la compra de la Grand Cherokee asignada a su oficina, una unidad color granito, con blindaje nivel cinco y 33 mil 955 kilómetros, por la que pagó 1 millón 119 mil pesos un mes después.
Luis María Aguilar, por su parte, cerró en enero de 2025 la compra de una Grand Cherokee con blindaje nivel tres, valuada en 878 mil pesos, además de solicitar la adquisición de una Toyota Sienna XLE 2018, operación de la que no hay constancia documental concluyente.
Polémica pública y defensa institucional
La existencia de estas operaciones se conoció públicamente hasta la conferencia de prensa del 26 de enero, cuando el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y su colega Arístides Rodrigo Guerrero reconocieron que integrantes del pleno anterior se habían llevado las cuatro camionetas en mejores condiciones como parte de su haber de retiro.
Ambos subrayaron que la venta de los vehículos se hizo conforme a normas vigentes desde hace más de una década y que, en términos contables, la desincorporación de unidades depreciadas permite a la Corte recuperar parte del gasto original.
El artículo 23 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) y otorga al Poder Judicial la atribución de adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de la Federación, respecto a los bienes que dicho Poder Judicial adquiera y le da autonomía de gestión. A partir de ese marco general es que se emitió el acuerdo de 2013 respecto a la posibilidad de enajenar vehículos el cual fue aprobado por os ministros que ocupaban el pleno en aquel periodo, entre ellos Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero.
En papel esto se traduce en que un funcionario que deja de serlo puede adquirir vehículos adquiridos originalmente con recursos públicos a un precio reducido, No obstante, al mismo tiempo permite al Estado, y en este caso en específico al Poder Judicial, desincorporar bienes cuya depreciación es muy rápida y, a su vez recuperar una parte de lo convertido originalmente.
