Livia Brito vinculada a proceso: qué pasó en el caso con el fotógrafo en Cancún
El proceso judicial contra la actriz se relaciona con un altercado ocurrido en 2020 y una denuncia por presuntamente mentir ante la autoridad. Estos son los antecedentes y el estado legal del caso
Livia Brito Gives Statement / Medios y Media
La actriz Livia “N” se ha visto envuelta nuevamente en el centro de la atención pública y mediática tras la reciente decisión de la justicia mexicana de vincularla a proceso penal por el presunto delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad. La determinación, emitida por un magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se dio a conocer el 6 de febrero de 2026 y se basa en una denuncia presentada por el fotógrafo de espectáculos Ernesto Zepeda junto con su abogada, acusándola de haber mentido en su versión de los hechos respecto a un incidente ocurrido en junio de 2020 en Cancún, Quintana Roo.
Este suceso forma parte de un proceso judicial que ha tenido diferentes aristas y etapas desde hace varios años y que ha involucrado tanto demandas civiles como aspectos penales. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria ni el reconocimiento legal de culpabilidad, sino que indica que un juez consideró que existen elementos suficientes para continuar con la investigación formal del caso dentro del sistema penal mexicano.
Antecedentes del incidente en Cancún y el origen de la disputa
El conflicto se remonta a junio de 2020, cuando Brito y su entonces pareja, Yosmi Mariano Gedler Martínez, fueron fotografiados sin su consentimiento en una playa de Cancún por el fotógrafo Ernesto Zepeda. Según la versión del fotógrafo, durante ese encuentro se generó una confrontación en la que él habría sido agredido físicamente, con lesiones que le habrían dejado secuelas visibles, y su equipo de trabajo fue dañado o retirado, lo cual derivó en diversas acciones legales.
Desde entonces se tramitaron diversos procesos legales paralelos. Por un lado, en materia civil, Zepeda interpuso una demanda por daño moral y lesiones, resultando en una sentencia, posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025, que obligaba a Brito y a Gedler Martínez a pagar una indemnización. Por otro lado, desde 2024 se presentó una denuncia penal por falsedad de declaraciones, señalando que Brito habría negado ante la autoridad haber participado en la agresión, pese a las pruebas presentadas por la parte acusadora.
La decisión judicial y las implicaciones de la vinculación a proceso
El documento oficial que dio pie a la vinculación, fechado el 4 de febrero de 2026, estableció que existen elementos suficientes para que el proceso penal por falsedad de declaraciones avance. La acusación original, formulada en 2024, señala que Brito mintió al negar ante las autoridades haber participado en la agresión que se le imputa, razón por la cual se procedió penalmente.
Legalmente, la vinculación a proceso implica que la investigación seguirá su curso formal dentro del sistema penal. Esto conlleva que Brito, junto con Gedler Martínez, también implicado en el caso, deberá comparecer ante las autoridades y atender las actuaciones que el juez y el Ministerio Público marquen para la investigación complementaria y posibles etapas subsecuentes del juicio. No existe, hasta el momento, información verificada sobre una detención o arresto formal relacionado con esta vinculación, o sobre la imposición de prisión preventiva, únicamente la obligación de presentarse a audiencias y el avance del proceso penal en su contra.
Hasta la tarde de 6 de febrero de 2026, Brito no había emitido una postura pública oficial sobre la decisión judicial que la vincula a proceso. El caso continúa en trámite, con una próxima audiencia fijada para revisar el avance de la investigación y definir los pasos siguientes en el proceso.
