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  • 27 ENE 2026, Actualizado 22:34

Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”: el secuestrador que marcó una era de terror en México

Perfil de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”, su historial de secuestros, captura, procesos judiciales y el impacto social de uno de los casos criminales más recordados en México.

Daniel Arizmendi "El Mochaorejas"

Daniel Arizmendi "El Mochaorejas"

Daniel Arizmendi López, mejor conocido en el imaginario colectivo mexicano como “El Mochaorejas”, fue uno de los criminales más notorios de finales del siglo XX. Su nombre no solo se vinculó con una de las bandas de secuestradores más violentas que operaron en la República, sino también con prácticas de crueldad que hasta hoy siguen siendo recordadas y analizadas por especialistas en seguridad y justicia.

De policías y ladrones a secuestradores

Daniel nació en Miacatlán, Morelos, y durante sus primeros años de vida adulta pasó por distintos trabajos. En su juventud trabajó en la Secretaría de Marina y posteriormente ingresó por recomendación familiar a la Policía Judicial de Morelos, aunque su paso por esa institución fue breve. Durante ese periodo conoció métodos y contactos que, años más tarde, facilitarían su incursión en la delincuencia organizada.

Tras su salida de la corporación, se involucró en el robo de vehículos, actividad que dominó con cierta eficacia antes de volcarse por completo al secuestro. En esta nueva fase delictiva, Arizmendi construyó una red criminal que operó en varios estados del centro del país durante la década de los noventa, con un impacto creciente por la violencia de sus tácticas así como la impunidad con la que actuaba.

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El origen del apodo y el terror como método

El apodo de “El Mochaorejas” proviene de la macabra firma de Arizmendi y su banda: mutilar orejas y a veces dedos de las víctimas, y enviar esas partes a los familiares como forma de presión para el pago de rescates millonarios. Esta práctica fue parte central de su modo de operación y de la fama que lo persiguió durante años.

La violencia de estos actos no solo buscaba obligar a las familias a negociar, sino sembrar miedo en un contexto social donde la percepción de inseguridad crecía rápidamente. Las autoridades y medios de la época atribuyeron a Arizmendi más de 200 secuestros, junto con múltiples homicidios, aunque él mismo afirmó ante las cámaras haber participado directamente en un número menor de casos.

Captura y proceso penal

La trayectoria criminal de Arizmendi terminó en agosto de 1998, cuando fue detenido tras una investigación que involucró seguimientos y la caída de varios miembros de su organización. En el momento de su captura, medios reportaron la confiscación de múltiples bienes y dinero en efectivo, y Arizmendi fue vinculado con delitos que iban desde secuestro y delincuencia organizada hasta posesión de armas y homicidio.

Durante su arraigo y posteriores comparecencias, Arizmendi adquirió notoriedad no solo por sus crímenes, sino por su actitud frente a ellos. En entrevistas de archivo, llegó a declarar que la motivación de sus delitos no era principalmente económica, sino un “reto” personal, y afirmó no haber sentido remordimiento por la mutilación de sus víctimas.

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Actualización judicial: absolución parcial y permanencia en prisión

A finales de 2025 y principios de 2026, una jueza federal revisó parte de los procesos penales en contra de Arizmendi y determinó que en al menos uno de los casos de secuestro, el delito de privación ilegal de libertad en modalidad de secuestro, no existían pruebas suficientes para acreditar su participación directa. Por ello, se absolvió a Arizmendi en esa causa específica.

Esta decisión judicial, dictada por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó la liberación de Arizmendi respecto a ese expediente concreto, pero no implica su salida del sistema penitenciario, ya que permanece recluido por otras condenas que suman varios años de prisión por delitos como delincuencia organizada, homicidio y distintos secuestros.

En uno de esos fallos rehechos, la condena que originalmente era de 50 años por un secuestro con mutilación fue reducida a ocho años por delincuencia organizada, y esa pena ya se considera compurgada por el tiempo que Arizmendi ha pasado en prisión desde 1998.

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Daniel Arizmendi

Por qué estremeció a México

El caso de Daniel Arizmendi marcó a generaciones por varias razones. Su modus operandi, caracterizado por la violencia extrema y la mutilación como método de coerción, puso sobre la mesa la fragilidad de muchas familias frente al crimen organizado. Además, su trayectoria, desde instituciones de seguridad hasta convertirse en uno de los secuestradores más conocidos del país, expuso fallas en las estructuras de control y vigilancia de las fuerzas del orden en los noventa.

La cobertura mediática, las entrevistas directas y las narrativas construidas alrededor de su figura también contribuyeron a consolidar su lugar en la memoria colectiva del país, hasta convertirse en un símbolo del terrorismo urbano que vivieron muchas ciudades mexicanas en ese periodo.

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El secuestro en los noventa, un negocio muy redituable

Durante la década de los años noventa en México, el secuestro se consolidó como una actividad delictiva altamente rentable y crecientemente común, no solo para pequeños grupos criminales, sino también para bandas organizadas que operaban con niveles cada vez mayores de violencia y coordinación.

La crisis económica de mediados de la década, con la devaluación del peso y el auge de la desigualdad, generó un caldo de cultivo en el que el secuestro pasó de ser un delito marginal a una “industria” informal de ingresos elevados para quienes lo practicaban, especialmente cuando apuntaban a individuos de altos recursos o familias con capacidad de pago. Esto se evidenció en casos resonantes como el del empresario Alfredo Harp Helú en 1994, cuya familia llegó a pagar millones de dólares por su liberación, una pauta que incentivó a otros grupos a ver el plagio como un negocio con retornos extraordinarios.

Además, expertos en seguridad describieron a mediados de los noventa que el secuestro en México empezaba a comportarse como un “crecimiento industrial del crimen”, con bandas tomando decisiones calculadas sobre a quién secuestrar, cuántos días mantener cautiva a la víctima y cómo presionar a las familias para obtener el rescate más alto posible. La percepción de impunidad y la falta de respuesta eficaz de las autoridades fortalecieron la lógica de que el secuestro era “rentable”: pocos delincuentes enfrentaban castigos severos, mientras que los pagos de rescate fluían con rapidez cuando las familias temían por la vida de sus seres queridos

La historia de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” no es solo la de un criminal aislado, sino un espejo de una época en la que el secuestro y la violencia desbordada alcanzaron niveles que hoy aún se discuten en foros judiciales, académicos y de seguridad pública. Su caso sigue vivo en los tribunales y en la memoria social, tanto por la brutalidad de sus actos como por los desafíos que representa para el sistema de justicia mexicano más de dos décadas después de su caída.

El Mochaorejas es detenido en agosto de 1998

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