El enero de 2025 se cumplen ocho años desde que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigación formal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de ventajas para obtener contratos.

Sin embargo, hasta la fecha el caso no se ha resuelto. Aunque en su momento se obtuvo una orden de aprehensión y se detonó un proceso penal contra Lozoya, que incluyó una prisión preventiva de dos años, el asunto no ha llegado a juicio y los fiscales han perdido pruebas clave en el camino.

La posibilidad de resolver el caso por una salida alterna, que incluyera la devolución de los millones de dólares que Lozoya recibió de Odebrecht y de otra empresa (Altos Hornos de México) fracasó luego de que el gobierno del expresidente López Obrador y los abogados no se pusieron de acuerdo en la cantidad que debían pagar.

En el camino hubo una fallida negociación con Lozoya para convertirlo en testigo colaborador a cambio de denuncias que este hizo en contra de conocidos políticos de oposición. Sin embargo, más allá del aprovechamiento político que tuvo esa denuncia, el caso no se ha podido sacar adelante por la falta de evidencia que sustente los dichos.

La única persona bajo proceso penal por los dichos de Lozoya, el expanista Jorge Luis Lavalle, no solo está libre, sino que acaba de ser contratado por la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, para que trabaje en su gabinete como secretario de Desarrollo Económico.

Este es el balance de los casos hasta la fecha:

Los procesos vs Lozoya: entre la parálisis y el suspenso

Emilio Lozoya tiene dos procesos penales en curso; uno es el de Odebrecht por el cual se le vinculó a proceso en 2019 por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Y el otro es el de los presuntos sobornos de Altos Hornos para que Pemex comprara la planta Agronitrogenados, por el cual se le abrió proceso en ese mismo año por el delito de lavado de dinero.

La ruta de ambos casos ha sido similar: tras fallar la negociación para volverse testigo colaborador y entregar una reparación del daño la FGR presentó las acusaciones formales en contra del exdirector de Pemex pidiendo que se le declare culpable en juicio y se le imponga una pena de 45 años de prisión.

Sin embargo, el juicio no ha podido realizarse debido a las impugnaciones que ambas partes han promovido por las pruebas presentadas. Esta lucha jurídica la ha ido ganando Lozoya quien ya logró que tanto jueces de amparo como tribunales colegiados desestimaran los datos bancarios que son clave para sostener las acusaciones en juicio.

Lo que falta por definir ahora es si los testimonios recabados en Brasil de exdirectivos de Odebrecht, en los que implican a Lozoya en la trama de sobornos, se pueden mantener en el caso. La defensa del exfuncionario ha pedido a los tribunales que sean anulados luego de que en dicho país varios fueron descartados por posibles violaciones a los derechos humanos de los testigos.

Autoridades de la FGR confirmaron a Así las Cosas PM que aún no se ha tomado la resolución judicial referente a esta evidencia. En cuanto se haga los procesos podrían recibir fecha para juicio, aunque de perderse la evidencia testimonial, la fiscalías se quedaría sin su evidencia clave en contra de Lozoya,

En el proceso penal por el caso Agronitrogenados la FGR y Pemex habían logrado un acuerdo reparatorio con el empresario Alonso Ancira, el otro procesado junto con Lozoya. Pero dicho acuerdo tampoco se ha cumplido pues Ancira solo cubrió la mitad de los más de 200 millones de dólares que dijo que iba a pagar.

Los casos denunciados por Lozoya: casi hundidos

En 2019 Lozoya denunció que parte del dinero entregado por Odebrecht se había utilizado en distintos esquemas de corrupción en México. Entre ellos acusó que por supuestas órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, se repartieron “moches” a legisladores por más de cien millones de pesos que facilitaron la aprobación de la reforma energética.

La denuncia de Lozoya fue ampliamente publicitada por el gobierno de López Obrador y el propio presidente. En abril de 2021 la FGR presentó formalmente ante el juez una imputación en la que señalaba a Peña y Videgaray y al menos seis legisladores por participar en este esquema de asociación delictuosa, y pidió que se iniciara el primero de los procesos en contra de Jorge Luis Lavalle Maury.

Sin embargo, todo se ha paralizado en ese punto hasta la fecha. El proceso contra Lavalle no ha podido llegar a la etapa intermedia ya que las autoridades bancarias y la fiscalía han tenido dificultades para aportar pruebas exigidas por la defensa sobre la ruta de los pagos que una intermediaria hizo hacia las cuentas de Lavalle.

La FGR tampoco ha solicitado la vinculación a proceso de ninguno de los otros políticos implicados por Lozoya en la trama de los desvíos. Lo anterior ya que las pruebas que Lozoya se había comprometido a aportar no existen, según lo confirmado por autoridades ligadas al caso.

En su escrito de denuncia Lozoya también acusó a otros exfuncionarios de recibir recursos de Odebrecht a cambio de facilitar contratos. Uno de ellos fue el exdirector de Pemex en la última parte del sexenio el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos Alberto Treviño Medina, a quien se le giró una orden de aprehensión en agosto de 2021 que no se ha podido ejecutar a la fecha.

Los abogados de Treviño, por su parte, han documentado irregularidades en el caso. El año pasado lograron que la Interpol desactivara la ficha roja girada en contra del funcionario luego de que el Comité de dicho organismo consideró de forma unánime que no existen las garantías que respalden que el exdirector de Pemex tenga un proceso y juicio justo en nuestro país.

Cabe recordar que, en su momento, el que fuera abogado defensor de Lozoya durante los primeros años de la investigación, Javier Coello Trejo, declaró que la denuncia que este presentó en contra de múltiples políticos fue una fabricación presionada por el gobierno y con hechos falsos.

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