El nuevo Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI publicado este mes confirma que las fiscalías del país trabajan al borde del colapso, con sobrecargas de trabajo, y que solo son capaces de enviar al juez 1 de cada 10 casos denunciados.

La información oficial reportada por INEGI, y que tiene como fuente a las propias fiscalías federal y locales, muestra que estas reciben más casos de los que son capaces de resolver y, en consecuencia, terminan el año con más casos de los que iniciaron.

Por si fuera poco, de los casos que reporta como “resueltos”, la mayoría termina o en un archivo o cerrados, sin que el delito denunciado haya sido esclarecido ni menos castigado.

De acuerdo con los datos del censo entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023 las fiscalías de todos los estados junto con la federal iniciaron un total de dos millones 226 mil tres carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos denunciados ante las agencias del Ministerio Público. Lo anterior equivale a 61 mil nuevos casos iniciados a diario.

Pero en el mismo plazo las fiscalías reportaron como determinadas (resueltas de alguna manera) un millón 867 mil 626 indagatorias, que equivalen al 86 por ciento de las que se iniciaron. Aunque en proporción pareciera no se tan elevado el número de casos que no se alcanzan a resolver, el problema es que ello se suma a un acumulado que ya proviene de años pasados.

Lo anterior ocasionó que, al cierre de 2023, quedaran un total de dos millones 654 mil 284 de carpetas y averiguaciones previas abiertas y sin resolver. Una cifra que incluso supera todos los casos nuevos denunciados a lo largo de ese año.

Esto significa que al ritmo actual las fiscalías del país requerirían casi un año y medio sin que se presentara una sola denuncia más para poder determinar los casos que ya traen acuestas.

Y la (no) solución

La mayoría de los casos que las fiscalías del país reportan como determinados en realidad no terminan en manos de un juez, sino que son cerrados o archivados sin que el delito se haya esclarecido.

De los un millón 867 mil 626 expedientes determinados, las fiscalías presentaron ante un juez (lo que se conoce como acción penal) solo 204 mil 870 casos, que equivalen a un 10.8% de los determinados, y a un 9% del universo total de casos abiertos en ese año.

En palabras más simples: de cada 10 casos denunciados y por los cuales se abre una investigación en un ministerio público en el país, solo uno llega a la mano de un juez penal local o federal.

¿Y qué pasó con los otros determinados? La mayoría, un total de 807 mil 655 que equivalen al 43 por ciento del total fueron enviados al “archivo temporal”. Es decir, las fiscalías decidieron cerrarlos con una investigación inconclusa, a la espera de que ocurra un factor externo que permita obtener alguna nueva prueba para reabrirlo. Son casos que se quedan en el limbo.

El otro universo grande es el de los casos que fueron cerrados definitivamente bajo el argumento de que no se reunieron datos de prueba suficiente para verificar que se haya cometido un delito, o para identificar al responsable. Ese fue el destino de 569 mil 253 carpetas y averiguaciones que equivalen a un 30 por ciento.

Hay un universo de 113 mil 491 casos en los que la indagatoria fue cerrada o suspendida sin llegar al juicio, a través de un acuerdo entre las partes o de un criterio de oportunidad concedido al responsable. Esto equivale al 6 por ciento de todos los casos determinados.

Los otros 180 mil casos determinados tampoco fueron esclarecidos al menos en esta fase inicial, pues corresponden a diversas formas en que la carpeta fue cerrada o se acumularon a otras.

Reforma sin fecha

Desde hace más de diez años los censos de procuración de justicia de INEGI han documentado la imposibilidad que enfrentan las fiscalías para subsanar las cargas de trabajo que enfrentan, y han retratado el universo mínimo de casos que realmente son presentados ante el Poder Judicial.

Frente a ello la nueva administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores del oficialismo han referido la intención que existe de proponer cambios y reformas a las fiscalías del país, sin embargo, no existen ni fechas ni iniciativas presentadas para ello.

Cuestionada sobre ello hace unos días la presidenta refirió que, por ahora, las prioridades están enfocadas en la legislación secundaria de la reforma judicial y la elección de los magistrados en jueces.

En materia penal, como muestran los datos de INEGI, la decisión del gobierno de enfocarse en el poder judicial equivale a trabajar en aquella área donde apenas llegan el 10 por ciento de los delitos que se investigan.