INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)
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Gobierno de AMLO compra a empresas fantasma, sancionadas y recién creadas

Presentan Índice de Riegos de Corrupción en Compras Públicas del Gobierno Federal

ACAVAmos ien
Gobierno de AMLO compra a empresas fantasma, sancionadas y recién creadas

“No basta con sacar pañuelitos blancos y decir que la corrupción se acabó, advirtió la directora del Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO), Valeria Moy, en la presentación del Índice de Riegos de Corrupción en las Comparas Públicas del Gobierno Federal.

En el Índice, dado a conocer este martes, se arrojó que 4 de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total de compras fue por una adjudicación directa, y 4% a través de invitaciones restringidas.

Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasmas, sancionadas y de reciente creación.

También se indicó que 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.

La coordinadora de Anticorrupción del IMCO, Fernanda Avendaño precisó, por ejemplo, que 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas).

También explicó que las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.

En términos de trasparencia una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes.

Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.

Y sobre el cumplimiento de la ley, las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

En la presentación también participaron los periodistas de investigación Sandra Romadía y Salvador Camarena.

En su intervención, Sandra Romandía destacó lo valioso de estos instrumentos para identificar y contar historias de corrupción que se registran en la administración pública federal.

Por su parte, Salvador Camarena, insistió en que instituciones como la Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, el INAI, el Congreso y hasta la propia sociedad se encuentran literal “echados” ante un discurso presidencial de que se ha combatido la corrupción.

“Ahora tenemos un presidente que tampoco rinden cuentas, pero encabeza el símbolo de la lucha contra la corrupción. El presidente no ha entendido que su labor es rendir cuentas, no rendir informes trimestrales ni rendir discursos matinales. La corrupción no ha terminado”, indicó.

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