W Radio. En caso de Odebrecht no hay solución de fondo: AMLO

México

Al enfatizar que son otros tiempos lo que vive el gobierno de México con los empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no existe una solución de fondo por los contratos que se hicieron durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la constructora Odebrecht.

A casi cinco años de darse a conocer el escándalo de corrupción de la empresa brasileña a nivel mundial, y que en nuestro país se informara de la entrega de más de 10 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios, el Primer Mandatario descartó la viabilidad de exigir un juicio, pero indicó que los convenios son profundamente analizados.

"Ese es un camino irse a los tribunales internacionales a sabiendas que no se va a ganar, desgraciadamente, se favorece el interés privado y no el interés público y el otro camino es vamos a revisar los contratos, que es lo que estamos haciendo, en el caso de los gasoductos no es solución de fondo pero es enderezar entuertos, lo de los contratos de Odebrecht pues ya se arregló que no se tenga que vender el gas de Pemex subsidiado que ellos consigan el gas de su planta".

Desde Palacio Nacional aseguró que el ir a tribunales internacionales significaría enfrentar instancias controladas por despachos de abogados famosos al servicio de transnacionales. López Obrador reiteró que en su administración terminó lo que en otros gobiernos permanecía, el tráfico de influencias y la condonación de impuestos.

"Qué fue lo que hicieron en el periodo neoliberal, saquear, robar, qué no es corrupción el que una empresa o un banco no pague impuestos, qué no le está robando al pueblo, imagínense si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos, ya esa cantidad no ingresa a la Hacienda Pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza, ese es un robo vil".

Recordó que ya se han logrado convenios con otras empresas que tuvieron contratos que afectaban las arcas públicas como con los dueños de empresas encargadas de administrar reclusorios en el país, con las que sin cancelar contratos, se acordó reducir un 15% en el pago de los contratos.