En diligencia pública. Funcionarios de Hacienda sustentan acusaciones contra García Cabeza de Vaca

México

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevó a cabo la primera diligencia pública sobre el juicio de desafuero contra el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la FGR de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

En la reunión virtual para el desahogo de pruebas participaron los funcionarios de la FGR que realizaron la solicitud de desafuero, el Procurador Fiscal, Carlos romero Aranda , y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en calidad de testigos, así como el propio gobernador tamaulipeco muy tranquilo y hasta sonriente, y sus abogados defensores, encabezados por Alfonso Aguilar Zinser, quien solicitó que la audiencia se realizara de manera privada, porque se podría incurrir en faltas al debido proceso y a la presunción de inocencia de su defendido, sin embargo su petición fue desechada.

“Invito respetuosamente a los comparecientes a que consideren lo aquí expuesto, es decir, la prohibición legal que implica difundir el contenido de las actuaciones que obran en la carpeta y el contenido de las actuaciones en relación con las mismas que hayan tenido en lo personal”.

La audiencia inició con la intervención del Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, quien solo dijo que su participación era para avalar la denuncia pues de acuerdo con los documentos de la FGR si hay elementos para presumir el delito de defraudación fiscal, aunque cuando el abogado Aguilar Zinser le preguntó si le constaba la evasión fiscal, Carlos Aranda insistió en que solo es un testigo y que con base en los documentos analizados, si hay elementos de la probable comisión y que las preguntas del defensor eran irrelevantes.

Pero el que si habló, hasta por los codos, fue el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien aportó, documentos, fotografías y gráficas, así como diversos elementos posiblemente probatorios de las acusaciones contra el mandatario panista.

De hecho, este funcionario de Hacienda, dio detalles de las muy diversas propiedades y co propiedades de bienes muebles e inmuebles como ranchos, departamentos, casas y terrenos en México y Estados Unidos del gobernador de Tamaulipas y familiares, así como trasferencias de diferentes cantidades millonarias de dinero a sus cuentas bancarias.Incluso señaló que “Francisco N” es decir, el gobernador de Tamaulipas, estuvo asociado con empresas fachada que lavan dinero, mismas que están ligadas al cartel de Sinaloa, aunque aclaró que García Cabeza de Vaca no necesariamente está ligado a esa organización criminal.

“En general, lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber acumulado en los años que como servidor público logró “Francisco N”.

La casa en Misión, Texas está valuada en 5. 9 millones de pesos, hay una propiedad relacionada con la empresa familiar en McAllen, otra nueva propiedad tamebien en McAllen que supimos por información que nos han dado agencias extranjeras”. En su larga exposición, el titular de la UIF Nieto , aseguró que toda la información que aportó a la FGR está bien sustentada técnica y jurídicamente, es decir, que no hay persecución política como dice el acusado.

“La fuente son las denuncias y los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015 y 2019, insisto, no son provenientes solo de esta administración. No hay ningún tipo de persecución política, en razón de que se trata de proceso vinculados a solicitudes de un órgano constitucional autónomo, en primer término, y en segundo término se trata de información que vine de sexenios anteriores, Nada está orquestado, se trata simplemente del cumplimiento de las normas del estado de derecho”Tras escuchar el cúmulo de acusaciones , Alfonso Aguilar Zinser, el abogado defensor de gobernador Tamaulipeco pidió 15 minutos de receso para preparar algunas preguntas a Nieto Castillo, a quien también cuestionó si los documentos que presentó eran pruebas para corroborar los delitos contra su defendido.

La respuesta de Nieto Castillo fue, que no era Ministerio Público para decir si son elementos probatorios o no, que simplemente allega información para que la autoridad competente defina si hay delitos no que perseguir.