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El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia

Regresarlo al esquema anterior al de la autonomía constitucional, convertiría al gobierno en “Juez y parte”

El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es vital para la vida democrática del país, debilitarlo pone en riesgo la tutela de dos derechos fundamentales de las personas: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, advirtieron la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Al participar en el conversatorio “La importancia de los órganos autónomos en el desarrollo democrático de México”, convocado por la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, Del Río Venegas destacó que el INAI es un órgano autónomo especializado e imparcial, que funge como árbitro cuando la ciudadanía solicita información a las instituciones públicas y éstas se niegan a entregarla.

Enfatizó que regresar al INAI a un esquema anterior al de la autonomía constitucional “pondría en riesgo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales” y el gobierno se convertiría en “Juez y parte” al resolver asuntos relacionados con estos temas. Además, se disminuirían las competencias del Instituto; se limitaría su injerencia en el número de sujetos obligados, y la disponibilidad de la información estaría sujeta a la discrecionalidad de las instituciones públicas.

“Pondría en riesgo la garantía del derecho de acceso a la información y protección de datos personales las obligaciones de transparencia serían limitadas y nuevamente diferentes en cada entidad federativa, o sea, regresamos retroactivo y bueno al concentrarse en un poder central donde las secretarías sean un sólo juez y parte la competencia del órgano constitucionalmente autónomo disminuiría y se limitaría la injerencia y la cantidad de sujetos obligados se corre el riesgo sobre la dispersonalidad de la información por parte de las instituciones públicas”, considerado la comisionada del INAI.

La comisionada agregó que, a partir de que se le dotó de autonomía constitucional al INAI, se han logrado avances significativos en materia de transparencia y acceso a la información, se ha garantizado el derecho de libertad de expresión, se han detonado mecanismos de rendición de cuentas y se ha generado confianza ciudadana.

Apuntó que uno de los grandes logros es la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una herramienta en mejora continua, para facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y la consulta de información de todas las instancias públicas del país, a partir de la cual se han denunciado casos de corrupción.

Por su parte, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez expuso que en México, cada uno de los organismos autónomos tiene su origen en un problema profundo y real que llevó a la adopción de medidas tendientes a fortalecer la democracia del Estado mexicano, entre las cuales se encuentra la creación, consolidación y aceptación de autoridades autónomas, independientes y especializadas.

“El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia, ni tampoco una consecuencia por parte del Estado mexicano hacia la sociedad, sino que fue el resultado de años de análisis, de reclamos sociales, académicos, y por supuesto, de voluntad política, de reconocer que México necesitaba contar con una institución que, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sea el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, para brindar información que empodere a las personas, que permita a las autoridades que recobren la confianza ciudadana, además de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”, destacó.

Alcalá Méndez presentó un breve resumen del trabajo realizado por el Instituto en los últimos años para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tutela y reiteró que el INAI es clave para la vida democrática de nuestro país, “al formar parte de un entramado institucional de contrapesos, necesario para balancear el poder y alejarlo de decisiones discrecionales”.

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