Continúan conflictos por gaseras ilegales en Tijuana, B.C.

Ahora es una denuncia por la construcción de un ducto de gas por parte de la empresa "Gas Natural Zeta, S.A. de C.V."

Continúan conflictos por gaseras ilegales en Tijuana, B.C.

WRadio México
Tijuana

Por Octavio García

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) recibió el recurso para la investigación.

En la queja se narra que durante el primer trimestre del año pasado la empresa ejecutó la construcción de un ducto de gas natural que transporta el hidrocarburo del municipio de Rosarito al de Tijuana, sin embargo, no contaba con autorización de impacto y riesgo ambiental.

La dependencia recibió el expediente el 11 de agosto y le asignó el número de expediente: ASEA/UAJ/DGCT/2C16/016/2020.

En el texto se establece que para que dicha obra pueda ser construida y operar debió recibir el aval de la ASEA, mediando la autorización de impacto ambiental.

Se acusa que la empresa, propiedad de Evangelina Zaragoza, no cumplió con el carácter preventivo de la misma causando una lesión a la comunidad.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de la ASEA, número 31 de 2019, publicada el 8 de agosto, la empresa Gas Natural Zeta, SA de CV tenía el proyecto de distribución de gas natural por ducto que se ubicará una parte en el municipio de Tijuana y otra sección en el de Rosarito.

Entre las especificaciones de construcción se señala que tendrá una longitud de 9 mil 14 kilómetros; sin embargo, a la fecha de presentación de dicho documento, la obra de infraestructura ya estaba construida.

También se asegura que, a la fecha, no existe autorización en materia de impacto ambiental que permita a Gas Natural Zeta, S.A. de C.V la construcción y operación de la obra y que es evidente que la empresa pretendió obtener el permiso cuando ya se habían iniciado los trabajos.

La familia Zaragoza, propietarios de las empresas Baja Gas and Oil y Gas Silza, tienen controlado el mercado del gas en Baja California, situación que desde 2016 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha documentado al apuntar que en los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana el suministro de los prinicipales hidrocarburos se concentra en una o dos personas jurídicas.

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