PGR ha requerido a la SFP información de gobernadores

El encargado de despacho de la Función Pública se negó a indicar de qué entidades se trata

FOTO: revistamayapolitic.com

La Secretaría de la Función Pública ha recibido solicitudes de la Procuraduría General de la República en torno a indagatorias sobre presuntas irregularidades en algunas administraciones estatales como la de Javier Duarte, en Veracruz.

A pregunta expresa de los reporteros, el encargado de despacho de la dependencia, el subsecretario Javier Vargas, confirmó que el Ministerio Público de la Federación ha requerido datos en torno a gobernadores que pudieron haber incurrido en faltas, pero se negó a precisar si estos requerimientos incluyen a Quintana Roo y Chihuahua ya que se trata de investigaciones en curso.

"Sí, ya nos solicitó información. Como puede ver, es parte de una investigación. Y lo tengo a la mano, en el oficio dice, el oficio del Ministerio Público, sea federal o local, se encuentra reservado o protegido, por lo cual no puede hacerse público, no se puede publicitar. Discúlpeme".

A pesar de que sigue sin traducirse el trabajo de la Función Pública en penas de cárcel a funcionarios de cargos mayores, el subsecretario Vargas Zempoaltecatl defendió las nuevas atribuciones de la instancia a su cargo a partir del esquema del Sistema Nacional Anticorrupción.

"La Función Pública nunca va a meter a la cárcel a nadie, discúlpeme, somos una autoridad administrativa. Para eso está la PGR y para eso se creó la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y desde luego que sirven las reformas. Ellos son los que tienen la facultad y nosotros como autoridad administrativa, desde luego que hay un gran avance, porque las faltas no graves, que son las relacionadas con temas de corrupción, las va calificar, las va a sancionar un tribunal independiente del Ejecutivo Federal, cosa que no sucedía".

En un taller para medios de comunicación sobre el Sistema Anticorrupción, el encargado de despacho de la Función Pública mencionó que en el presupuesto de egresos se contemplan 500 millones de pesos para la creación de las nuevas estructuras de combate a la impunidad, entre ellas la Secretaría Ejecutiva de este nuevo sistema

 

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