​Congreso continúa foros sobre regulación de marihuana
Jorge Javier Romero del CIDE, enfatizó que México no puede seguir violando los más de diez convenios existentes de derechos humanos

Por Rocío JardinezMéxico.- Trabajar desde la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quedarse atrás en la regulación de la marihuana y son contradictorios los acuerdos internacionales en materia de drogas y derechos humanos, fueron parte de las conclusiones de expertos en la Cámara de Diputados. Durante el segundo día de las Audiencias Públicas para la Regulación de la Marihuana, en materia internacional, Jorge Javier Romero del CIDE, enfatizó que para dar un puntual cumplimiento a las cerca de tres convenciones internacionales en materia de drogas, México no puede seguir violando los más de diez convenios existentes de derechos humanos. "En buena medida el Sistema Internacional de Control de Drogas tiene planteamientos que entran en contradicción con el sistema internacional en defensa y protección de los Derechos Humanos… en México semánticamente abatir ha querido decir hace mucho, asesinar y matar y eso es lo que ordenó el Ejército a sus soldados en Tlatlaya, qué estamos respetando, qué obligaciones internacionales está respetando México, las obligaciones internacionales del Sistema Internacional de Drogas o las Obligaciones Internacionales del Sistema de Derechos Humanos, es necesario acabar con esta ambigüedad… la política de drogas no puede pasar por encima de la política de derechos humanos". El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, urgió a trabajar el tema de la regulación de mariguana para su uso recreativo pues recordó, en diez meses California lo aprobará. México corre el riesgo de quedarse atrás con sus aliados del TLCAN. "Lo absurdo es que quedemos nosotros rezagados, cuando el país que ha pagado el mayor costo, en vidas, en dinero, en violencia, en imagen, en todo por esta absurda guerra, es México, ellos legal, antes decían nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las armas y el consumo, no ahora ellos ponen la legalización y nosotros seguimos poniendo los muertos"
Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, recordó que el Congreso tiene pendientes 20 iniciativas en relación con la marihuana pero pidió llevar más allá el tema con el consumo de otras sustancias psicotrópicas. Destacó el modelo español donde dijo, existen asociaciones o clubes dedicados a la plantación y distribución de cannabis, que cumplen con reglamentación específica para compartir cantidades pequeñas, evitando la venta a menores y manteniendo una regulación sanitaria. Diego Paneca ex pro secretario de Uruguay explicó que su nación considera las adicciones como un problema de salud pública y señaló que para liberar el uso de la marihuana el Estado prohíbe su publicidad, así mismo fija sus precios, y regula la producción a través de licitaciones a empresas que pueden producirla, en el caso de los medicamentos dijo, estos pasan por un proceso de revisión sanitaria
"En primer lugar no hicimos una ley para la marihuana medicinal porque ya estaba legalizada en nuestro país lo que hicimos es un decreto… o sea en Uruguay hay tres formas que establece la ley de producción y acceso a la marihuana, en primer lugar uno puede registrarse como autocultivador y hubo un año de plazo para aquellos que ya tenían plantas lo puedan registrar… el gobierno establece seis plantas por hogar… hay un registro de las plantas, hay un registro de la variedad, de las semillas". Las otras dos formas dijo es por tratamiento médico con base a un registro único las personas pueden solicitar el medicamento con marihuana en las farmacias son un previo registro donde sólo le piden su huella digital, las farmacias no tienen los datos de la persona sino sólo el registro de la huella, la venta que se permite es de 40 gramos por mes, diez por semana. El tercero es los clubes cannabicos que pueden producir 480 gramos por integrante con mínimo de 15 y máximo de 45. Los modelos señaló no pueden combinarse. Posteriormente sobre la Regulación en relación con la política criminal y el sistema penitenciario, se destacó que México enfrenta una sobrepoblación de reclusos debido a delitos contra la salud
Según el estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas no existen datos exactos de cuántos por posesión de droga aunque se destacó que actualmente hay 10 mil hombres y 507 procesados por esta falta. Esto es más de la mitad de los presos. En el caso de mujeres a la mayoría se le sentencia por transporte de droga aunque fueran detenidas por posesión alcanzando penas máximas. Es Ana Pecova de Equis Justicia para las Mujeres. "Parece relevante introducir en el debate quienes son las mujeres que llenan las cárceles de mexicanos, el 98% de ellas no tienen antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, prácticamente ninguna de las mujeres detenidas ha llevado armas consigo en el momento de la detención, son mayoritariamente pobres, con niveles de estudios primaria o secundaria incompleta, a menudo tienen problemas de salud mental o registran uso de sustancias psicoactivas"
Destacó el 98% son madres únicas cuidadoras de sus hijos y aunque señaló que es pequeño, hay indígenas involucradas, también destacó las mujeres se relacionan con la venta de drogas por necesidades pero también por relaciones de género, novio o familiares o incluso por sólo acompañarse por alguien que tiene droga, ocupando los eslabones más bajos de la cadena delictiva como recolectoras, vendedoras, cultivadoras o mulas, lo que dijo no afecta para nada el movimiento del narcotráfico por su encarcelamiento. Ante esto Rafael Estrada Michel del Instituto Nacional de Ciencias Penales, reconoció que es necesario destipificar, descriminilar o despenalizar la posesión de drogas en cualquier cantidad o instrumentar salidas de política criminal para encontrar medidas alternas a la prisión y anunció que a partir de junio en toda la república se aplicará el criterio de oportunidad, un supuesto en el cual la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo, es que sí existe un delito y además que existe la probable responsabilidad de un individuo, y aún así no presenta el caso ante la autoridad judicial.



