Propone Calderón regular marco legal del Ejército contra 'narco'

Por David Aponte México.- El presidente Felipe Calderón propuso al Congreso el marco legal para la participación de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional en situaciones que pongan en riesgo la seguridad interior del país, como el crimen organizado (narcotráfico), sublevación, agresiones directas a las instituciones, actos que pongan en peligro el orden, la paz y la seguridad y acciones de extorsión colectiva

La iniciativa presidencial entregada este miércoles al Senado involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el cumplimiento, seguimiento, evaluación de la participación militar en el combate a los cárteles del narcotráfico y, en general, al crimen organizado. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional dota de una serie de facultades a las Fuerzas Armadas y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para frenar las posibles amenazas o riesgos a la seguridad interior del país

“La participación de la Fuerza Armada Permanente como respaldo a las labores de las fuerzas de seguridad es eficiente y efectiva; sin embargo, la sociedad hoy reclama mejorar su funcionamiento en el marco del Estado de Derecho y para ello debe estar debidamente sustentada su participación en la ley”, argumenta Calderón en la exposición de motivos

El 19 de febrero, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, solicitó al Congreso de la Unión iniciar un debate legislativo para fundamentar las tareas que realiza el Ejército en materia de seguridad y justicia. A finales de marzo, sostuvo una reunión privada con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los senadores panistas Gustavo Madero y Santiago Creel para hablar de la iniciativa presidencial para adecuar la Ley de Seguridad Nacional

La propuesta de reformas define las reglas para la participación de las Fuerzas Armadas en el combate el narcotráfico. El proceso arrancará con la solicitud de la autoridad competente al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, puesto que recae en Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, que se encargará de elaborar el expediente y someterlo al pleno del consejo para evaluar la magnitud de la afectación a la seguridad interior. Posteriormente, se podrá requerir de la evaluación de una comisión bicamaral del Poder Legislativo. El presidente de la República hará entonces la declaratoria con la vigencia; la participación del Ejército no podrá ser por tiempo indefinido. Enseguida, el gobierno federal deberá informar al presidente de la CNDH y a los organismos estatales para que ejerzan sus facultades de promoción y protección de los derechos humanos

“Dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, también se faculta a las instituciones de seguridad pública o la Fuerza Armada Permanente, para verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público. Asimismo, se reitera que los servidores públicos que intervengan deberán respetar los derechos humanos de las personas sujetas a revisión”, expone el Presidente en la iniciativa, que impone además exámenes de control de confianza, polígrafo y toxicológicos a todos los elementos que participen en las instituciones de seguridad nacional

La participación del Poder Judicial en las tareas contra los actos que pongan en riesgo la seguridad interior consisten en librar en un plazo no mayor a las ocho horas las solicitudes de medidas cautelares, como arraigos, cateos e intervenciones telefónicas. Con el blindaje jurídico, los militares tendrán además las facultades para obtener, recolectar, clasificar, registrar, procesar, explotar, almacenar información sobre los hechos que afecten a cualquier región del país donde haya declaratoria presidencial de riesgo o amenaza de la seguridad interior

La propuesta de Calderón incluye toda una reforma a las atribuciones del Cisen. A partir de la aprobación del Congreso, podrá elaborar la agenda nacional de riesgos y amenazas; procesar la integración de inteligencia civil; recurrir al uso de información anónima y la colaboración de terceros en tareas de inteligencia, y solicitar intervenciones telefónicas en actos tendentes a consumar espionaje, terrorismo, traición a la patria, actos que impidan actuar contra el crimen organizado y eventos que atenten contra la seguridad de las embajadas y personal diplomático

Calderón argumenta que “la expansión de los fenómenos delincuenciales presenta nuevos retos a las sociedades democráticas. Ello obliga a disponer de todos los elementos con los que cuenta el Estado para hacerles frente, sobre todo en materia de delincuencia organizada. Es crucial reconocer que para su combate efectivo y eficiente, es indispensable articular a todas las autoridades del Estado Mexicano”

El Senado no tiene una definición de los tiempos del proceso legislativo; si saldrá la propuesta presidencial en el periodo que culmina el 30 de abril o se convoca a un extraordinario.