CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO
CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO

Gobierno mexicano debe responder por espionaje y dar garantías: Turati

¿A quién le interesaba saber lo que haciamos? se cuestiona la periodista a quien preocupa secrecía de fuentes y el uso de otros programas de hackeo

ACAVAmos ien

El gobierno mexicano debe responder por el espionaje y dar garantías, así lo señala la periodista Marcela Turati, una de los 25 periodistas que fueron o trataron de ser intervenidos por el malaware Pegasus durante 2017, año en que también fuera asesinado Javier Valdez.

Marcela Turati detalló en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que desde 2017 tras conocerse los casos de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Carlos Loret, los periodistas querían saber quiénes más habían sido hackeados.

“Hemos tenido problemas con los aparatos electrónicos” señala por lo que han recurrido a expertos en seguridad digital; recuerda que antes de sacar el sitio web con la información de San Fernando, Tamaulipas, ya lo habían hackeado en 2016.

Hay cosas muy raras, afirma la periodista y relata que haciendo la investigación sobre Ayotzinapa con otro equipo de periodistas, desde su domicilio, no podían acceder a revisar páginas como la de Sedena, tenían que hacerlo de manera incógnita pues la conexión estaba bloqueada.

El sábado parado dijo, fue avisada por un colega de que su teléfono estaba en esta lista, en la que también estaban Alejandra Xanic, Nacho Rodríguez Reyna y Daniel Lizárraga, fundadores de Quinto Elemento Lab. En el caso de Xanic detalla que recibió en 2017 un mensaje que les indicaba que su mamá estaba siendo velada y que necesitaba su ayuda, otro mensaje señalaba a Nacho involucrado en crimen organizado, que checara el link, ella le pica e infecta su teléfono, por lo que tuvieron que acudir con un experto en seguridad digital quien le dijo que lo desechara porque estaba infectado, “pero no sabíamos qué tipo de daño era”.

Marcela detalla que fueron seis periodistas de Proceso entre ellos el director, quienes también son parte de esta lista de teléfonos intervenidos. Por ello advierte, “no se sabe qué pasó en 2017, qué tan grave fue esa penetración para seguir tan fácilmente a tantas personas, tuvo que haber áreas específicas dedicadas a inteligencia, análisis cómo se hacía y se cuestiona si fue Sedena, Cisen y la PGR atrás de la agencia de investigación criminal, cómo se hacía, qué pasó con esos reportes si es que había, no sabemos si hay otras áreas de gobierno y qué tanto se investigó”.

Y señala que tras estos hechos no hubo una depuración de las fiscalías, en Sedena siguen las mismas personas, por lo que afirma esto es muy inquietante pues sino se desinstaló, puede que activo sino venció la licencia.

Con la noticia dada el domingo, la periodista comparte la preocupación de ella y sus colegas por la secrecía de las fuentes de quienes desconocen qué información tienen de cada uno, cómo lo van a usar, si la gente sigue en las instituciones con esa información o salió de ellas con ésta.

A la fecha, 180 periodistas se han acercado a Reporteros Sin Fronteras, para una acción global contra esta compañía que es global, debe tener reglas y regulaciones, y el gobierno mexicano tiene que responder y dar garantías de que esto no va a pasar con otros programas, pues se tiene información de la compra de otros similares.

Me preocupa la compra de este tipo de programas si no se tienen las reglas para hacerlo, señala.

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