Activan medidas cautelares por tortura en penal de Nogales, Sonora
Autoridades activaron medidas por posibles casos de tortura en el penal de Nogales, tras detectar 43 internos en aislamiento y 12 denuncias por violaciones a derechos humanos.
Activan medidas cautelares por posibles actos de tortura en penal de Nogales, Sonora / Hari Sucahyo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, activó medidas cautelares tras detectar posibles actos de tortura en el Centro de Reinserción Social varonil de Nogales.
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¿Qué irregularidades se detectaron en el penal?
Durante visitas de supervisión efectuadas en el marco del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2026, personal del organismo identificó a personas privadas de la libertad con lesiones físicas, en condiciones de aislamiento y bajo restricciones que no estarían justificadas conforme a la normativa vigente.
De acuerdo con el informe, al menos 43 internos se encontraban en el área denominada “Observación” con limitaciones de movilidad, mientras que otros 12, ubicados en “Observación A” y “B”, denunciaron presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo castigos sin procedimiento formal y periodos prolongados de aislamiento.
¿Qué revelaron las revisiones médicas?
Las revisiones médicas documentaron lesiones visibles como edemas, eritemas y equimosis, además de otros signos de posible violencia física, mientras que los testimonios recabados señalan prácticas como golpes y castigos corporales, así como condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios básicos.
Ante estos hallazgos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó atención médica inmediata, certificación del estado físico de los internos, acceso a asistencia jurídica y la implementación de medidas para proteger su integridad.
¿Qué acciones seguirán tras las medidas cautelares?
Agregó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura iniciará las investigaciones correspondientes, al tiempo que llamó a las autoridades penitenciarias a garantizar la seguridad de las personas afectadas y evitar la repetición de estos hechos, en lo que podría constituir violaciones graves a derechos humanos.
