América Latina y el Caribe fortalecen la protección de defensores y la justicia ambiental: COP4
Durante la COP4 del Acuerdo de Escazú, México impulsó la creación de grupos de trabajo sobre emisiones y justicia ambiental, reafirmando su compromiso con la protección de defensores.
México apoyó el fortalecimiento de los órganos de cumplimiento y la creación de dos nuevos grupos de trabajo: el primero sobre Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el segundo sobre acceso a la justicia ambiental, incorporando la participación de la sociedad civil y la perspectiva de género para una aplicación efectiva en la región.
La delegación mexicana presentó los avances de la ruta nacional de implementación del Acuerdo, que será desarrollada con la participación de la sociedad civil, y reiteró su compromiso con la protección de las personas defensoras ambientales.
La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con avances decisivos para la implementación efectiva del Tratado en América Latina y el Caribe.
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Con la aprobación por consenso de 10 decisiones clave, la COP4 marca el tránsito de los compromisos a la acción, reafirmando la voluntad de los 19 Estados Parte con la implementación efectiva del Acuerdo en América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
¿Qué papel juega la CEPAL en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú?
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quién participa como secretariado del Acuerdo, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo como base para enfrentar la crisis climática y ambiental, destacando al Acuerdo de Escazú como una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación pública y la justicia ambiental en la región.
México presentó los avances del plan de implementación del Acuerdo en México, una estrategia interinstitucional que articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado, y que será sometida a un proceso de consulta pública para asegurar un proceso participativo desde su diseño como implementación a nivel territorial.
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De igual forma, reconoció la labor del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) y resaltó la importancia de fortalecer su marco normativo para dar mayor certeza a su actuación, reconociendo su labor como un órgano subsidiario fundamental para avanzar de los compromisos establecidos en el Acuerdo hacia su implementación efectiva.
La Conferencia también registró avances en temas clave como la conformación de un grupo de trabajo ad hoc sobre RETC y otro sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, que tendrán la encomienda de registrar , sistematizar y reportar a las Partes las mejores prácticas disponibles en ambas materias.
