Corte perfila para abril análisis de prisión oficiosa; en cárceles se agrava el hacinamiento

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé comenzar en abril la discusión de los proyectos rezagados sobre la validez o no de la prisión oficiosa. Ello al tiempo en que la cifra de personas presas sin sentencia ya rebasa las cien mil y las condiciones de hacinamiento en los reclusorios se agravan a un ritmo acelerado.

De acuerdo con fuentes de la Corte consultadas por este medio, distintas ponencias esrán cerca de concluir el análisis del tema y se han marcado como objetivo comenzar el abordaje de este después del periodo vacacional de semana santa.

Desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por lo que consideró un uso excesivo de la prisión preventiva en su vertiente oficiosa, es decir, la que se impone a una persona de forma automática por el hecho de ser imputada y vinculada a proceso por una lista de delitos.

Aunque la Corte IDH pidió que dicha prisión fuera restringida esto no ha ocurrido. Desde el sexenio pasado tanto la mayoría oficialista en el Congreso como gobernadores de los estados y el Poder Ejecutivo se han manifestado en contra de hacer cualquier modificación sobre el alcance de la prisión oficiosa Incluso, han intentado ampliarla a más delitos.

No obstante, y bajo el entendido de que las sentencias de la Corte IDH se tienen que acatar, la antigua integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaba con al menos tres proyectos que planteaban diversas rutas para acotar o suprimir la prisión oficiosa, pero no alcanzaron a ser discutidos.

En ese contexto la actual integración de la SCJN tiene, como asunto pendiente y prioritario, la resolución de este tema. De acuerdo con las fuentes consultadas podría haber mayoría porque se mantuviera la prisión oficiosa aunque el tema de constitucionalidad aun no está claro.

El pasado 16 de febrero, la Corte ya eliminó uno de los obstáculos que existían al determinar que la ministra María Estela Ríos no estaba impedida para participar en la discusión, pese a que en 2022 en su papel de Consejera Jurídica de la presidencia firmó un documento en el que se pedía al entonces pleno que se mantuviera la prisión preventiva oficiosa.

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Crece población y se agrava hacinamiento

Los datos oficiales actualizados esta semana por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) arrojan, en números exactos, que al cierre de enero pasado la población penitenciaria total ascendió a 259 mil 106 personas. Todas ellas recluidas en alguno de las 276 cárceles del país.

Como ya se ha reportado previamente en Así las Cosas PM se trata de la mayor cifra de personas presas de la que haya registro por lo menos en lo que va del siglo. Tan solo de 2025 a 2026 subió en más de 30 mil el número de personas en reclusión.

Del total de personas que se encuentran privadas de su libertad, el 42 por ciento que equivalen a 108 mil 771 son “procesados”, es decir personas a las que se les abrió un proceso penal y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa o justificada sin que aun hayan llegado a un juicio.

La información oficial evidencia no solo el crecimiento de la población penitenciaria, sino un problema de sobrepoblación que se ha ido agudizando.

Por ejemplo, en enero de 2024 el país contaba con una infraestructura penitenciaria para albergar a un total de 220 mil 994 espacios en 285 centros penitenciarios. Para ese momento, la población penitenciaria total era de 232 mil 828 internos, 11 mil más respecto al cupo disponible.

Dos años después el problema se ha triplicado. Para enero de este 2026, aunque la capacidad de camas en las cárceles ha subido a 226 mil 922, la población penitenciaria como ya se dijo, roza los 260 mil. En números cerrados, es una sobrepoblación total nacional de 32 mil 84 personas más.

En total, 144 centros penitenciarios de los 276 que hay en el país tienen condiciones de sobrepoblación Se trata del 52 por ciento de los reclusorios del país.