El cochinero de Silvano: ASF detecta más de 300 actos de posible corrupción

La administración del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, registró entre 2016 y 2021 más de 300 hechos de posible corrupción relacionados con los manejos de recursos federales y con un saldo de por lo menos 32 mil millones de pesos malversados que, hasta el día de hoy, no han sido aclarados.

Se trata de la segunda administración estatal con mayores irregularidades en el manejo de fondos y participaciones federales, solo detrás de la que encabezó Javier Duarte en Veracruz en el periodo de 2011 a 2016.

Datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dan cuenta de estos hallazgos y del inicio de 431 procedimientos de sanción administrativa, aunque hasta la fecha, solo se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), una de las cuelas dio paso a la orden de aprehensión ya girada en contra del exmandatario y funcionarios de su administración.

En números precisos, la información oficial de la ASF muestra la existencia de 307 “pliegos de observaciones”, como se le denomina a aquellos hechos donde se identificó un manejo irregular o ilegal de los recursos públicos que dio paso a un posible quebranto al erario.

Entre esos casos hay desde pagos con sobrecostos o recursos no ejercidos pero tampoco devueltos, transferencias por servicios no justificados, comprobantes de servicios de los que no hay certeza que se hayan realizado, contratos asignados con procedimientos incompletos, irregulares o fuera de tiempo, entre otros.

Como resultado de estos pliegos se identificaron 32 mil 766 millones de pesos que, hasta la fecha, no se han encontrado, no se han devuelto, y no están aclarados. El dinero afectado provenía tanto de participaciones federales, así como de más de una docena de fondos y programas federales destinados para temas de seguridad, educación salud, obras, desarrollo rural, entre otros.

El 2021, último año de la administración de Aureoles, es el que acumula el mayor monto de irregularidades detectadas con más de 11 mil millones de pesos. En 2017 y 2018 se reportaron malos manejos entre 7 y 8 mil millones de pesos.

Las irregularidades identificadas han dado pie a la apertura de 431 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Controlaría de Michoacán o su equivalente continúe con alas investigaciones y, de ser el caso, imponga las sanciones que correspondan.

Solo dos denuncias de ASF

Pese a la cantidad de irregularidades identificadas la ASF, bajo la actual gestión de David Colmenares, solo ha presentado, hasta la fecha, dos denuncias penales en contra de la administración de Aureoles ante al FGR por los resultados de la auditoría número 964 correspondiente a la Cuenta Pública 2020, y que comprende malos manejos por poco más de dos mil millones de pesos.

La cifra contrasta, por ejemplo, con las más de 40 denuncias que en su momento presentó la ASF bajo la administración del auditor general Juan Manuel Portal en contra de la gestión del exgobernador Javier Duarte.

Lo anterior, como en otros casos, es resultado de una estrategia que Colmenares ha privilegiado durante toda su gestión en la que se presentan pocas denuncias penales ante al FGR y se opta, supuestamente, otro tipo de soluciones.

Autoridades ministeriales federales confirmaron a Así las Cosas PM que una de estas denuncias de la ASF, sumada a otra de la contraloría del estado de Michoacán, fueron el sustento con el cual se integró la carpeta de investigación en la fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de FGR que dio paso a la apertura del proceso penal iniciado en contra del exgobernador emanado del PRD y varios de sus colaboradores que ya fueron detenidos.

En ese contexto se prevé que la Auditoria presente nuevas denuncias por el cúmulo de irregularidades que no han sido solventadas.

Juez negó delincuencia organizada

Autoridades federales confirmaron que la orden de aprehensión girada en contra de Aureoles es por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y ejercicio indebido del servicio público. La misma fue girada por un juez federal de control del Reclusorio Preventivo Oriente en Ciudad de México.

Dicha orden fue girada luego de que la FEMCC de la FGR hiciera una reclasificación del delito ya que, inicialmente, lo que los fiscales pretendían imputar eran cargos por delincuencia organizada pues, a su juicio, los funcionarios se habían coludido para sistemáticamente cometer el desvío de recursos públicos.

Las órdenes fueron requeridas ante un juez federal de control de Almoloya de Juárez, sin embargo, este no quiso girarlas al considerar que no se sostenía ni siquiera de forma inicial la presunción de que se cometió este ilícito. De haberse concedido no solo significaba para los implicados una posible condena más elevada, sino el cumplimiento de la prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México.

Tras la negativa del juez a conceder la orden la FEMCC estimó como mejor la estrategia imputar el cargo de asociación delictuosa, que a diferencia del de delincuencia organizada no requiere probar una organización criminal para repetir actos delictivos en el tiempo, sino solo el acuerdo entre los implicados para cometer un hecho en específico.

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