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  • 14 FEB 2025, Actualizado 14:32

Corrupción, omisiones y contradicciones sabotean procesos por Estafa Maestra

Uno de los fiscales implicados en los presuntos hechos de corrupción se autorizó el mismo para seguir llevando los casos

Corrupción, omisiones y contradicciones sabotean procesos por Estafa Maestra

Los millonarios desvíos cometidos bajo la modalidad de la llamada Estafa Maestra, documentados y revelados desde hace más de ocho años, siguen sin esclarecerse pese a las múltiples investigaciones, auditorías, declaraciones y evidencias que prueban los malos manejos por miles de millones de pesos.

Mas allá de la lentitud y burocracia detrás de las indagatorias y procesos penales en México, el caso se ha visto afectado por los hechos de corrupción en que han incurrido los fiscales a cargo de la indagatoria, sumado a las omisiones de diversos funcionarios y a los criterios contradictorios que han ocurrido en los procesos penales.

Un ejemplo de ello acaba de ocurrir la semana pasada con uno de los rectores involucrados en los hechos irregulares quien en dos procesos penales distintos obtuvo resoluciones contradictorias pese a tratarse del mismo tipo de fraude y modus operandi.

A partir de nuevos documentos obtenidos por Así las Cosas PM se puede dar cuenta de algunos de estas irregularidades que siguen retrasando no solo el castigo por este mega fraude sino la recuperación de al menos una parte de los recursos que fueron desviados.

La pulverización del caso

Desde las primeras semanas del sexenio pasado el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que la Estafa Maestra fue un esquema bien organizado de malversación de recursos a gran escala. En el caso de la Sedesol y Sedatu el fraude fue operado por un mismo grupo de personas encabezado por el exoficial Mayor de las dos dependencias, Emilio Zebadúa González.

Declaraciones de al menos cuatro testigos colaboradores en poder de la FGR desde 2019 dan cuenta del modus operandi y los nombre de personas y empresas aliadas a Zebadúa. La Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció a él junto a sus dos hermanos de posible lavado de dinero. La ASF presentó al menos nueve denuncias en donde lo señalaba de ser e principal responsable de los malos manejos.

Pero la FGR no ha procedido en su contra hasta ahora. El año pasado la organización TOJIL publicó que gracias a un esquema de tráfico de influencias y sobornos a jueces y fiscales federales Zebadúa y su grupo han conseguido no ser procesados y que sean funcionarios de menor rango - o incluso aquellos que lo denunciaron - los acusados.

De esta forma un gran modus operandi de defraudación con líderes claros se ha pulverizado en decenas de procesos penales impulsados por distintas unidades de la FGR sin que, a la fecha, alguno haya llegado a una sentencia definitiva que mantenga en prisión a los implicados, y que se haya traducido en la recuperación del daño causado.

El sabotaje de los procesos

En 2024 se revelaron audios en los cuales una fiscal federal negociaba pagos con el abogado de varios de los exfuncionarios procesaos a cambio de debilitar las acusaciones. Ello en complicidad con los posibles auditores. En el audio y en el reportaje se dan cuenta de otros pagos previos por criterios de oportunidad y del involucramiento de varios fiscales, entre ellos Mario Bulmaro Fonseca Barrera.

En respuesta la FGR inició una carpeta de investigación por hechos de corrupción de su personal y suspendió a la fiscal que se escucha en la grabación identificada como Erica Canuto. Sin embargo, hasta ahora no hay una resolución y la mayor parte de los fiscales involucrados siguen llevando el caso.

El 21 de agosto pasado en un escrito del que Así las Cosas PM tiene copia, uno de los exfuncionarios de Sedesol y Sedatu que fueron procesados, Marco Salvador Ibarra, le solicitó al titular de la FGR. Alejandro Gertz, que le informara si el fiscal Bulmaro Fonseca estaba en condiciones de seguir al frente de sus casos dado su involucramiento en los posibles hechos de corrupción.

Luego de no recibir respuesta del titular de la FGR los abogados del exfuncionario le pidieron al juez responsable del proceso que por su conducto se requiriera esta información. Pero quien atendió esta petición de parte de la fiscalía fue el propio Bulmaro quien, en un oficio fechado el pasado 6 de enero de que este medio también tiene copia, dijo que no veía impedimento para el seguir a cargo del proceso.

Como consecuencia la audiencia intermedia programada para el pasado 14 de enero en el caso iniciado en contra de Salvador Ibarra terminó posponiéndose hasta que un mando de la FGR confirme si Bulmaro debe seguir al frente de los procesos pese a los hechos de corrupción denunciados.

Penas mínimas y criterios contradictorios

La pulverización de la Estafa Maestra ha ocasionado el debilitamiento de las acusaciones que han llegado a los juzgados y también ha generado decisiones contradictorias que han terminado por afectar aún más al erario. Un ejemplo es lo ocurrido la semana pasada con el ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), José Luis Pech Galera, a quien se le han iniciado procesos distinto por cada convenio en el que se encontraron irregularidades.

En uno de los procesos por 20 millones de pesos, la FGR pactó con Pech resolver el caso por una salida alterna denominada procedimiento abreviado, que consiste en que el procesado se declara culpable sin ir a juicio a cambio de una pena reducida. La condena para el exrector fue de apenas 8 meses de prisión que pueden cumplirse en libertad.

Pero al llegar al tema de la reparación del daño la FGR solicitó el pago de los 20 millones que era el monto total del convenio, mientras que los abogados consideraron que era un exceso pues había otros dos procesados y los pagos deberían dividirse. La jueza de control Alejandra Domínguez Santos dio en este punto la razón a los defensores e indicó que el monto a pagar deberá ser fijado por otro juez de ejecución una vez resueltos los demás procesos pendientes. La ASF, que figura en este punto como parte ofendida, anunció que impugnará la determinación.

Una situación diametralmente distinta ocurrió en otro proceso registrado bajo la causa penal 172/2022 por un convenio de 77 millones de pesos en el que Pech y la FGR buscaron resolver el tema mediante un procedimiento abreviado el pasado 14 de enero ante el juez de control del Reclusorio Sur, Luis Benítez Alcántara.

La constancia de la audiencia, de las que Así las Cosas PM tiene copia, da cuenta de que Pech Galera intentó de nueva cuenta que no se le adjudicara el pago total de la reparación como lo exigía la FGR y la ASF. A diferencia de la jueza Domínguez, el juez Benítez consideró que esto era razón suficiente para NO autorizar el procedimiento abreviado y ordenó que el proceso penal continue en la ruta de llegar al juicio.

Hasta ahora dicho proceso penal iniciado en contra de otros cuatro funcionarios lleva casi tres años sin condena o reparación de daño.

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