Prohibir los vapeadores es vulnerar el derecho de protección a la salud: Marcela Madrazo

Luego de prohibirse y penalizarse la comercialización, importación y distribución de vapeadores, la directora de Vapeo Informado, Marcela Madrazo, afirmó que “con esta medida lo que están provocando es vulnerando el derecho a la protección de la salud, porque ¿quién va a verificar la calidad de los dispositivos, de los líquidos? Nadie porque van a estar en el mercado negro” que advirtió, “crecerá con sus consecuencias”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la activista afirmó que está probado que los vapeadores son “una herramienta efectiva para la sensación tabáquica” y que el problema grave de salud pública es el consumo de tabaco convencional, que dijo “tiene más de 7 mil químicos, 260 altamente tóxicos, más de 69 cancerígenos y produce cualquier cantidad de enfermedades, esto está ya debidamente probado”.

Y aunque reconoció que “en cualquier tema de salud pública hay riesgo… pero es un riesgo mucho menor” con el uso de vapeadores.

Puntualizó que se debió “modificar la Ley General para el control del tabaco, para incluir estos dispositivos” y de manera particular “garantizar que no estarán permitidos para menores de edad, prohibir publicidad, promoción, patrocinio, pero no satanizar su uso”.

Compartió actualmente más de 100 países tienen regulado el uso de dispositivos y “hay países en donde les está resultando bien”, detalló el uso de vapeadores creció del 2% a 17% lo que indica que la gente busca dejar de fumar y pasar a la sensación tabáquica.

En México, dijo, “hay 17 millones de fumadores, se estima 1.7 millones están intentando dejar de fumar con el vapeador y no tendrán más alternativa, o regresar a fumar tabaco o van al mercado negro con el consecuente riesgo”.

Por ello, concluyó que “se debió prohibir su consumo por menores de edad y la publicidad, pero no satanizar su uso ni criminalizar al usuario de vapeadores”.

Ahora queda esperar las leyes secundarias, dijo, “porque haberlo prohibido desde la Constitución es un sinsentido jurídico. ¿Se va a criminalizar al consumidor?”