Veracruz es la entidad federativa con la mayor cantidad de recursos desviados en México: más de siete mil millones de pesos a la fecha; es también el estado con la mayor cifra de periodista asesinados: 31 en total; y es la cuarta entidad con la mayor cantidad de personas desaparecidas: más de 7 mil y contando.

La mayor parte de todos esos hechos ocurrieron en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa quien, sin embargo, gracias a fallas y omisiones en las investigaciones iniciadas en su contra podría quedar libre de forma anticipada en los siguientes meses.

La semana pasada un juez local de Veracruz ordenó la cancelación del proceso penal que las autoridades habían intentado impulsar en su contra por el delito de desaparición forzada. Un caso que desde el principio sufrió de retrasos y críticas por parte de víctimas que lo consideraban endeble frente a la gravedad del fenómeno.

El único proceso que mantiene a Duarte en la cárcel por un tema de lavado de dinero corresponde a imputaciones presentadas en su contra antes de 2018. Ni en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, ni en el del gobernador Cuitláhuac García a nivel estatal se sacaron adelante nuevos procesos penales en su contra.

A continuación, se detalla los puntos claves de la situación actual en la que se encuentra Veracruz en materia de personas desaparecidas, recursos malversados y los procesos en contra de Duarte.

Desapariciones y periodistas asesinados

De acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas que opera la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 7 mil 37 personas desaparecidas en el estado de Veracruz. Ello la convierte en la entidad con la cuarta cifra más alta de desapariciones solo por detrás de Jalisco, Tamaulipas y el estado de México.

Del total de personas desaparecidas 1 mil 425 que equivalen a más del 20 por ciento son mujeres. Cinco mil 586 son hombres y el resto no se ha determinado su género.

Entre 2014 y 2016, según el registro, se reportaron las cifras más altas de desapariciones en la entidad con casi 500 casos anuales. Dicho periodo corresponde a la segunda mitad del gobierno de Duarte. En total, se estima que al menos 3 mil 600 personas habrían sido víctimas de posible desaparición forzada en el sexenio Duartista.

La ola de desapariciones en Veracruz y el involucramiento de las fuerzas de seguridad en múltiples casos, entre ellos de los policías estatales y ministeriales en el sexenio duartista, y las omisiones o corrupción de las autoridades en las investigaciones detonaron el surgimiento de varios colectivos de madres buscadoras que luego se replicaron en el país, entre ellos el Colectivo Solecito formado en 2014.

La administración del gobernador expriista también representa el periodo más letal para el periodismo en México. Los datos de la asociación no gubernamental especializada en la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, arrojan un total de 31 comunicadores asesinados en la entidad, 23 de ellos en el periodo de Duarte.

Veracruz es, por mucho, la entidad con la mayor cantidad de periodistas asesinados según el mismo registro. Le siguen Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero con 15 comunicadores que han sido víctimas de homicidio.

Los multimillonarios recursos desviados

La última estadística de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arroja un posible daño patrimonial al erario federal en Veracruz que asciende a los 70 mil 310 millones de pesos. Ello como resultado de múltiples malos manejos y hechos de corrupción en el manejo de fondos federales destinados a la salud, seguridad, duración, desastres naturales, programas sociales, entre otros.

De ese total la mayor parte, 62 mil 287 millones de pesos, corresponden a desvíos ocurridos justo en la administración de Duarte. No hay otro gobierno estatal en los registros de la ASF que supere en desvíos al periodo del expriísta en Veracruz. El monto de dinero desviado, y no recuperado hasta la fecha, sobrepasa todos los malos manejos de los casos Segalmex, Estafa Maestra, y Odebrecht juntos.

Investigaciones periodísticas y oficiales a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) han documentado el modus operandi con el que se cometieron todos estos desvíos. Una vez enviados los recursos federales, la Tesorería estatal los sacaba de las cuentas autorizadas y los trasladaba a otras por presuntas instrucciones del gobernador del Estado.

Posteriormente los recursos eran ejercidos para fines distintos a los autorizados o desviados a través de servicios y contratos simulados utilizando múltiples redes de empresas fantasma. Se ha documentado que parte de esos recursos culminó en procesos electorales o en propiedades y gastos personales de Duarte y su círculo.

Duarte: absuelto o impune de casi todo

Javier Duarte permanece preso desde 2017 debido al proceso y posterior sentencia de nueve años de cárcel que se le impuso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Se trata de una condena mínima a la que accedió gracias a que aceptó declararse culpable a través de un procedimiento abreviado y con ello evitar el juicio. Dicha salida alterna ha sido denunciada por organizaciones especializadas en combate a la corrupción como TOJIL que advierten que fue ilícita.

Aunque esa condena concluye hasta 2026 desde octubre de 2021 el exmandatario tiene derecho a pedir su libertad condicional pues ya ha cumplido con la mitad de su periodo en prisión. El código procesal establece esta opción siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que el sentenciado haya mostrado buena conducta y no tenga otros procesos penales en curso pendientes con medidas cautelares de por medio.

El único obstáculo que le impedía a Duarte reclamar ese beneficio era la acusación penal en su contra por el delito de desaparición forzada que derivó en una orden de aprehensión girada desde mayo de 2018, pero dicho proceso sufrió complicaciones desde el inicio. México tardó casi tres años en lograr de parte del gobierno de Guatemala la autorización para ejecutar la ordene en su contra. Esto era necesario porque el exgobernador de Veracruz fue detenido y extraditado desde ese país, pero por casos distintos, y el tratado establece que se requieren autorizaciones especiales para fincar nuevos cargos.

Lo más grave vino después cuando la Fiscalía de Justicia de Veracruz, ya bajo el periodo del gobernador de Morena, Cuitláhuac García, emprendió procesos penales en contra de los fiscales que antes habían integrado los casos en contra de Duarte. Se les acusó de haber privilegiado las revanchas políticas y utilizar supuestos testimonios obtenidos con maltratos o tortura.

Esto fue aprovechado por la defensa de los implicados quienes han logrado desvirtuar dichas declaraciones. En el caso de Duarte, la anulación del testimonio rendido en su contra por el que fuera su jefe de policía, Arturo Bermúdez, impulsó el sobreseimiento de su caso la semana pasada, según lo confirmado a Así las Cosas PM por sus abogados.

Desde principios de 2023 colectivos de familiares habían alertado que el caso en contra del exgobernador era “endeble” y se había “politizado” por lo que han buscado a través de instancias internacionales que reciba un impulso.

Por otro lado, y pese a la magnitud de los desvíos de recursos federales hasta la fecha Duarte no ha sido imputado por la FGR por ninguno de esos casos. Las acusaciones se han centrado en contra de secretarios y subsecretarios de finanzas sin que, a la fecha, ninguno de esos casos haya llegado tampoco a alguna sentencia y reparación del daño.

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