Concede juez nueva suspensión provisional contra discusión y aprobación de reforma judicial
Con esta van cuatro medidas cautelares en contra de la iniciativa del Presidente López Obrador.
Suma la reforma al Poder Judicial una nueva medida cautelar para ser frenada
Nuevo revés a la iniciativa lopezoobradorista de querer reformar al Poder Judicial Federal.
Por considerarlo una transgresión constitucional y a las normas internacionales en materia de autonomía e independencia judicial, el juez federal Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima, concedió una nueva suspensión provisional contra la discusión y aprobación de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de la cuarta medida cautelar que emite una autoridad jurisdiccional derivado de un juicio de amparo contra el dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación.
El impartidor de justicia federal concedió un plazo de 24 horas a las autoridades responsables para cumplir con la referida suspensión provisional.
Fue la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos la que promovió un juicio de amparo ante un juez con residencia en Colima, mismo que otorgó a la asociación civil la suspensión provisional para efecto de que no se discuta y apruebe la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en todas las legislaturas del país, mientras se resuelve el fondo del asunto.
Sin embargo, como la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados, la suspensión provisional no tiene efectos restitutorios.
Lo anterior, “bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.
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La decisión del juez “considera que es posible advertir que probablemente la iniciativa de reforma reclamada, atenta contra el principio de independencia judicial, pues se coloca a los juzgadores en una situación de riesgo en contra de la independencia judicial, pues queda a merced de eventuales presiones ejercidas por otros poderes políticos del Estado; circunstancia que, desde luego, afecta la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, ya que el control judicial podría quedar subordinado, o incluso, dependiente de otro poder, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar es con el fin de evitar que los impartidores de justicia se vean sometidos a factores externos en el desarrollo de su función”, se lee en la resolución del juzgador.
