Reforma al PJ en vez de beneficiar perjudicará a la presidenta: Especialistas

La elección de personas juzgadoras mediante voto popular no es un método de selección muy extendido, sino que es en realidad una excepción. De la literatura existente se ha identificado que se usa actualmente en tres países Suiza, Estados Unidos y Bolivia y nunca para elegir a todos los jueces de esos países algo que haría justamente único el caso de México donde lo que se plantea en la iniciativa de reforma propuesta por el presidente el pasado 5 de febrero, es que se sustituye y elijan a todos los jueces magistrados y ministros del país tanto a nivel federal como local mediante elecciones.

En lo que fue la Mesa 2 del Encuentro Nacional sobre Independencia Judicial. Reflexiones desde la Judicatura, moderada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, la directora general de la Fundación “Por la Justicia” e integrante de “La Justicia que Queremos” Laurence Pantin, se señaló que el riesgo que existe en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es que sus decisiones se basen precisamente en eso, en lo que la gente crea que es lo correcto y no con base al derecho.

“Los jueces que tienen que someterse a una elección de retención o una elección tienden a tomar sus decisiones en función de las preferencias del electorado y los que buscan elegir se proponen una postura en contra de la delincuencia o sobre el aborto cercana a la posición de la mayoría de los electores en su circunscripción sobre estos temas, es decir, que el problema que tenemos es que los jueces no deciden necesariamente con base en el derecho sino con base en lo que lo consideran que los lectores consideran que debería ser lo correcto”, apuntó la especialista.

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Por su parte, el investigador del ITAM Julio Ríos, advirtió que la propuesta del Ejecutivo Federal “hiere en el corazón” a la carrera judicial, indispensable para su independencia y aunque éste es un trabajo en construcción permanente, la carrera judicial que tenemos obviamente no está exenta de problemas y retos, la reforma propuesta es contraproducente que en nada ayudará a la próxima titular del Ejecutivo Federal.

“La reforma propuesta es un arbitrario gasto de recursos materiales y humanos que el pueblo de México ha invertido en miles de personas para que cumplan la labor constitucional de la resolución institucional de conflictos, es déjenme decirlo así, una reforma contraproducente que va a afectar los intereses y objetivos y funcionamiento del propio gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo; es una mala reforma que no debería de ser aprobada por los legisladores de la coalición que llevó a la presidenta electa o que la llevará al Poder Ejecutivo”, advirtió el especialista del ITAM.

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En su oportunidad el titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM José de Jesús Orozco Rodríguez, aseguró que aun cuando la elección popular de las personas juzgadores no es necesariamente incompatible con la convención americana sí es claro que de avanzar la iniciativa en los términos en que se encuentra si lo sería y conculcaría el principio de independencia judicial y en consecuencia el derecho de acceso efectivo a la justicia, pues no salvaguarda que su eventual selección sea por mérito y calidad profesional.

“Al pretender que la elección de juezas y jueces coincida con la de la candidaturas partidistas al Ejecutivo y al Legislativo haría prevalecer en los hechos, los intereses políticos sobre los de mérito y calidad profesional máxime cuando quienes aspiran a la judicatura serían postulados, pre seleccionados por las ramas políticas de gobierno, en tanto que los provenientes del judicial previsiblemente serían relegados debido al contexto actual en el que se estigmatiza el judicial con delegados cuestionamientos de corrupción o parcialidad con el consecuente riesgo de la captura política partidista del organismo judicial”, apuntó el especialista del IIJ de la UNAM.

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En esta mesa de discusión se llegó también a las siguientes conclusiones:

• Al proponer periodos breves para la judicatura en el encargo y condicionar su estabilidad y permanencia podría incrementar el riesgo de qué los candidatos busquen complacer a los votantes financiadores de campañas, factores reales de poder o incluso integrantes del crimen organizado con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección y salvaguardar su seguridad en las campañas en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en lo establecido en el derecho y en la protección efectiva de los derechos de minorías.
• La previsión transitoria de que todas las personas juzgadoras en funciones concluyen de manera anticipada su encargo tan pronto rindan protesta las personas sustitutas elegidas en una elección extraordinaria sin gradualidad en la implementación, no sólo viola el derecho a la estabilidad y permanencia en el cargo y a no ser removidos de manera arbitraria o sin causa justa sino hecha por la borda los significativos esfuerzos y avances en la implementación de una carrera judicial y pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia de las personas que previsiblemente enfrentarían demoras o insuficiencias en la impartición de justicia.
• Al prever que las eventuales faltas de quienes integran los tribunales sean resueltas por un tribunal de disciplina judicial de elección popular previa postulación de los órganos ejecutivo y legislativo no sólo es incompatible con estándares interamericanos por la intromisión de ramas políticas de Gobierno en la conformación del órgano de disciplina judicial, sino también por los riesgos que conlleva encomendar a un órgano de elección poco popular dicha tarea por los sesgos políticos partidistas ideológicos en que podría incurrir ante la probabilidad de qué sus integrantes coincidan con los intereses de la misma mayoría que conforma a los órganos ejecutivo y legislativo de quienes también dependería su futuro profesional y político en detrimento de la independencia judicial.

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