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  • 21 JUL 2024, Actualizado 06:30

Cabos sueltos tras primera sentencia por lavado y crimen organizado en La Estafa Maestra

La jueza federal del penal del Altiplano, Nancy Hidalgo Pérez, dictó sentencia condenatoria en contra de dos exfuncionarios y un empleado de una empresa fachada

Cabos sueltos tras primera sentencia por lavado y crimen organizado en La Estafa Maestra

El viernes pasado concluyó la primera parte de un caso al que hemos dado seguimiento en las últimas semanas en Así las Cosas PM: el primer juicio oral por lavado de dinero y delincuencia organizada en el tema de la llamada Estafa Maestra.

La jueza federal del penal del Altiplano, Nancy Hidalgo Pérez, dictó sentencia condenatoria en contra de dos exfuncionarios y un empleado de una empresa fachada al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos que prueban que se habrían desviado más de cinco mil millones de pesos en el sexenio pasado.

El proceso se desprende de una carpeta de investigación iniciada por una denuncia que desde 2018 presentaron TOJIL y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ante la FGR en la que agruparon diversos hallazgos periodísticos y de la ASF. A ello se sumó una denuncia por lavado que la UIF presentó en la época de Santiago Nieto en 2019.

Luego de varias complicaciones y retrasos, y de situaciones extraordinarias como la pandemia del COVID, la FGR logró sacar adelante el juicio en contra de tres de los implicados y obtuvo esta primera sentencia por delincuencia organizada, delito que el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo que era el que correspondía para este caso en los primeros meses del sexenio.

No obstante, el proceso ha dejado varios cabos sueltos y dudas que faltan por resolverse. A continuación, mencionamos tres puntos clave de ello:

1.Rosario Robles y el resto de la presunta “organización delictiva”

Los documentos del juicio a los que tuvimos acceso en Así las Cosas PM señalan que la FGR acusó a los ahora sentenciados de formar parte de una organización delictiva compuesta por 11 personas y varias empresas. Tres son los que acaban de ser sentenciados, pero faltan ocho más.

De los que faltan hay uno que es socio de una empresa fantasma concentradora de recursos (ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C,V,), que ya está detenido y a la puerta del juicio.

El resto están libres. Destaca el caso de la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, que según la FGR es la presunta líder de la organización delictiva. En su momento la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en su contra, pero esta fue cancelada gracias a un amparo que la exfuncionaria ganó.

No obstante, la FGR aún está en posibilidad de citar a la exfuncionaria a una audiencia inicial para que voluntariamente comparezca y se haga la imputación por este caso por el que ahora ya hay sentenciados. Ello ya que el caso previo por el que sí estuvo presa era por un delito distinto.

Esta misma situación se presenta con otros que también obtuvieron amparo contra las órdenes de aprehensión originales, entre ellos el exrector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez.

2. El dinero y el principal beneficiario

Ninguno de los ahora sentenciados está acusado de haberse quedado con el dinero desviado. En la carpeta de investigación el reporte de la UIF y diversos testigos identifican al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como aquel que organizó toda la estructura del fraude y se benefició del mismo.

Pese a ello la FGR no ha procedido hasta ahora en su contra. En mayo TOJIL reveló que esto se debe a una ilegal protección ministerial y judicial que recibió a partir del pago de sobornos y tráfico de influencias a funcionarios federales.

Tras la revelación la fiscalía inició nuevas carpetas por posible corrupción en contra de sus fiscales. Lo que falta conocer es si la fiscalía dará el paso para proceder en contra de Zebadúa y de sus operadores. En su contra hay más de 15 carpetas de investigación abiertas.

3.Los sentenciados ¿culpables?

Los fallos condenatorios que recibieron los tres procesados el viernes no son definitivos. Estos aún pueden presentar una apelación e incluso un amparo para tratar de revertir la resolución. Cabe señalar que la Fiscalía ha pedido penas hasta 45 años de cárcel en su contra.

Más allá de eso existen dudas respecto al nivel de participación de los dos exfuncionarios sentenciados. Como revelamos en este noticiero tanto José Antolino Orozco, así como María “N”, quienes laboraban en la dirección de padrones de la entonces Sedesol, denunciaron desde 2019 ante el Ministerio Público las irregularidades que ocurrieron en el proceso de contratación.

En el caso de Antolino este dio incluso nombres y esquemas detallados de los que operaron el fraude y sus funciones. Todos bajo el mando del exoficial mayor Emilio Zebadúa.

Los exfuncionarios ofrecieron esta colaboración buscando un criterio de oportunidad, pero la FGR no solo no se los dió sino que procedió en su contra y, luego, como quedó en evidencia en la investigación “La estafa de la Estafa” de TOJIL, fueron extorsionados por los fiscales quienes les pidieron dinero a cambio de sabotear sus procesos.

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