Detienen a ex alcalde interino de Acatlán por desvío de más de 850 mil pesos
Noé “N” fue trasladado al Centro Reinserción Social (Cereso) de Pachuca
Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al ex presidente del Concejo Municipal Interino de Acatlán, Noé “N”, acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
De acuerdo con la PGJEH, el ex munícipe fue aprehendido en un operativo implementado en la calle Benito Juárez, ubicado en el municipio de Tulancingo, cuando salía de trabajar de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda estatal en esa demarcación.
La procuraduría estatal acusó al ex presidente del Concejo Municipal de Acatlán del uso inadecuado de 852 mil 654 pesos en el periodo en el que estuvo al frente del ayuntamiento, y fue detenido por las autoridades estatales y trasladado al Centro Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, donde se llevará a cabo la audiencia inicial en su contra para determinar cualquier situación penal.
El ex edil se desempeñó como responsable del ayuntamiento de Acatlán del 5 de septiembre al 14 de diciembre de 2020, luego de que el proceso electoral de ese año se aplazó por el inicio de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aplazó el proceso electoral para la renovación de 84 municipios del estado en 2020, por lo cual los ediles que debieron comenzar sus labores el 5 de septiembre, pero se pospuso hasta el 15 de diciembre, cuando iniciaron las actuales administraciones locales que finalizarán el 4 de septiembre de 2024.
Noé “N” fungió como técnico especializado en la Secretaría de Hacienda en el Centro Regional de Atención al Contribuyente de Tulancingo y declaró ingresos económicos por 124 mil 872 pesos, por lo cual las autoridades estatales lo señalaron de diferentes irregularidades.
Hasta el momento, suman siete ex alcaldes vinculados a proceso por el esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”, que investiga el gobierno estatal por el desvío de más de 522 millones de pesos.