Cámara de Diputados solicitará a SCJN prórroga para corregir "Ley Chayote"

México

Luego del emplazamiento del Poder Judicial para que el Congreso de la Unión realice correcciones a la Ley General de Comunicación Social aprobada en 2018 en un plazo no mayor de 10 días, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confió en que se conceda una nueva prórroga que podría ser el próximo periodo de sesiones.

Dijo que aún no ha recibido la notificación del juzgado del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero pidió al director jurídico de la Cámara de Diputados solicitar una diligencia a fin de que se pueda otorgar otro plazo, debido a que el periodo de sesiones inicia el 1 de febrero.

“Todavía no nos han notificado, pero el día de ayer el director jurídico de la Cámara, por instrucciones mías, fue a platicar con el juez de distrito que emitió está resolución, y la idea es que pudiéramos, ya lo contextualizamos de que estamos en receso, el periodo iniciará hasta el 1° de febrero. Y la idea es que una vez que nos notifiquen, podamos hacer algunas diligencias ante el juez que nos permitan tener un período adicional, que sería este periodo de sesiones que viene, para en el período de sesiones poder aprobar la ley”.

El diputado morenista subrayó que luego de que se reciba la notificación judicial se realizarán las acciones jurídicas correspondientes para solicitar dicha prórroga que incluiría todo el periodo ordinario que inicia el primero de febrero y concluye a finales de abril.

“Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días; no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Diputados, recordó que hace unos días el Poder Judicial determinó requerir a los legisladores para que den cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de modificar la llamada “ley Chayote”.

Y es que los ministros de la Corte la consideraron inconstitucional ya que dicha ley otorga al gobierno federal una “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión, con la advertencia que, de no hacerlo, será iniciado un procedimiento de inejecución de la sentencia, que podría concluir hasta en la separación del cargo y la consignación de los responsables.