Ordenan a Carlos Salinas declarar por caso Posadas

Guadalajara, 8 de noviembre, 2005.- El ex presidente Carlos Salinas de Gortari será llamado a declarar para las investigaciones relacionadas con el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, según una orden del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia penal.

El diputado federal Fernando Guzmán Pérez Peláez explicó que el Juez de Distrito obligará a declarar al ex presidente para que se conozca y se aclare lo acordado en una reunión en Los Pinos, donde se supo que uno de los Arellano Félix estuvo en la Nunciatura Apostólica.

Explicó que la intención es conocer a detalle el alcance de lo acordado en esa reunión donde también se encontraba el entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido.

Además, estuvo presente también el ex procurador Jorge Carpizo Mac Gregor, cuando el entonces Nuncio Girolamo Prigione acudió a informar que se encontraba en la nunciatura uno de los hermanos Arellano Félix quien pedía una reunión con el ex presidente Salinas.

"Jorge Carpizo asumió la responsabilidad de no haber ordenado la aprehensión de uno de los Arellano Félix, capos criminales, sobre los que pesaba orden de aprehensión, lo que constituye un delito en contra de la administración de justicia, afirmando el ex procurador que contó con el acuerdo del ex presidente", acotó el legislador.

Guzmán Pérez precisó que contrario a lo señalado en una nota periodística de Excelsior, publicada ayer, no se trata de la reapertura del Caso Posadas, ya que permanece abierto desde julio de 2001.

"Ni tampoco de la comparecencia de 158 testigos que ya han declarado, como equivocadamente señala dicho diario, de lo que se trata es del esclarecimiento fundamental en las investigaciones de lo acontecido en esa reunión en Los Pinos", resaltó.

El diputado federal acudió al Amparo en contra de la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) que ordenaba el archivo de la denuncia presentada por diputados jaliscienses.

Habló de las irregularidades durante las investigaciones cuando estuvo al frente de la PGR, Jorge Carpizo, debido a que no obstante que la PGR reconocía la existencia de delitos en contra de la administración de la justicia por los responsables de las investigaciones, consideraba que éstos se encontraban preescritos.

"Lo que en todo caso corresponde determinar a los tribunales federales de acuerdo a jurisprudencia de la Suprema Corte", precisó el diputado federal.