Corrupción en FGJDMX: Filtran audios que lo evidencian
En casos de litigio de divorcio se involucra a menores de edad para falsear declaraciones
Luego de que en octubre pasado se diera a conocer a través de diversos medios de comunicación una red de corrupción y complicidades al interior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual utiliza a menores de edad, hijos de padres en proceso de divorcio, para obtener beneficios económicos y manipular las resoluciones a favor de una de las partes, se reveló que en un despacho jurídico a cargo de Ana Katiria Suárez Castro se creó “una red de extorsión a las familias”.
Coludidos con personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico “con el objetivo de influir en decisiones clave relacionadas con la cuota de pensión alimenticia, custodia y otros aspectos financieros”; además de presentarse pruebas falsas y manipulación de testigos clave.
Así opera la red de corrupción en la FGJCDMX
En los audios se escucha al ex MP, Ricardo Leonardo Mosqueda, quien era operador de Ana Katrina Suárez al interior de la Fiscalía de la CDMX.
“Hola Edson ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué bueno que ya estás de regreso, me imagino. Oye, no, nada más fíjate que de pie de Leonora no hubo ningún monto exacto para esa situación. Lo de Marisol, pues sí debe 15. De Franco sí, porque ya tenemos metadictamines y también son 30. Y te digo, de Leonora y de Piano, no establecí con esta Ana, entonces si quieres tratarlo con Ana para que pues en base a eso, porfa, te lo agradecería mucho Edson, porfa, ¿no? Entonces estoy en contacto contigo para cualquier cosa”, se escucha en uno de los audios.
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En diversos asuntos iniciados por mujeres en contra de sus exparejas, todas representadas por la abogada Suárez Castro y radicados en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encontró la participación de diversos servidores públicos en la comisión de hechos con apariencia de delitos.
Los acusados denunciaron que la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico “con el objetivo de influir en decisiones clave relacionadas con la cuota de pensión alimenticia, custodia y otros aspectos financieros”; además de presentarse pruebas falsas y manipulación de testigos clave.