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  • 22 DIC 2024, Actualizado 15:00

TEPJF no tiene competencia para resolver sobre las suspensiones a la Reforma Judicial: JUFED

Las autoridades demandadas puedes ser objeto de sanciones penales si insisten en no acatarlas, advierten jueces y magistrados.

TEPJF no tiene competencia para resolver sobre las suspensiones a la Reforma Judicial, afirman jueces integrantes de la JUFED

TEPJF no tiene competencia para resolver sobre las suspensiones a la Reforma Judicial, afirman jueces integrantes de la JUFED

Ignorar las suspensiones impuestas por un juez va en contra del sistema jurídico, pues todas las reformas, incluso las constitucionales, pueden ser revisadas en juicios de amparo, y las autoridades deben acatar las suspensiones en curso, y la reciente decisión del Tribunal Electoral de la Federación sobre el respeto a las suspensiones de amparo en el contexto de la reforma judicial, está fuera de su competencia, consideró el magistrado Juan José Olvera López.

Así lo sostuvo durante la “Conferencia Matutina de los Jueces”, que tuvo lugar este martes, debido a que el lunes fue día festivo, y luego de que ayer la máxima autoridad electoral del país resolvió que es constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores, por lo que amparos y suspensiones en curso no tienen efecto en materia comicial para impedir que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado sigan con la organización de votaciones para integrar el Poder Judicial, jueces y magistrados, a lo que el integrante de la JUFED aseveró que lo único que está haciendo el gobierno de la 4T es “echarle gasolina al fuego”, esa es competencia de un juez de amparo.

“El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina. Me parece que esto es lo que está ocurriendo y, naturalmente, esta es la consecuencia de estar opinando, no decidiendo. Está opinando en un asunto que no es de su competencia y ahí, en plena sesión, uno de los magistrados electorales lo hizo ver. ¿Qué decidió el Tribunal Electoral al final del camino sin competencia? Es decir, tratando de opinar sobre las consecuencias de un juicio de amparo o de 100 juicios de amparo”, aseguró Olvera López.

Agregó que frente a todo esto hay un juicio de amparo donde la Presidencia de la República, el Senado de la República, son autoridades demandadas y hay un juez que les ha dicho, detente. Hay un recurso, y de ese recurso conocen los tribunales colegiados y eventualmente podría hacerlo la Corte. Pero dentro de este juicio hay un remedio y ese remedio no es el que están poniendo en acción los demandados. Entre ellos están pidiendo permiso para continuar.

El magistrado Juan José Olvera López consideró que “al parecer no se tiene claridad entre las autoridades que están obligadas frente a juicio de amparo que, hoy, les guste o no les guste, es parte del sistema jurídico mexicano, por lo que pueden ser demandadas y ahorita están siendo demandadas. Y parte de las medidas que se les han impuesto es no poder continuar, so pena de ser objeto hasta de sanciones penales, recordó el impartidor de justicia.

Y aquí, la conferencia anterior, el día viernes, uno de los múltiples jueces que tiene en el caso estuvo aquí con ustedes y dijo yo ya impuse multas personales a los consejeros porque me están regateando el cumplimiento de una orden judicial y si persisten viene otra multa y si persisten pueden incurrir en delito. Ya lo dijo aquí, es un delito muy serio, muy grave y, desde luego, mientras persista esta pretensión de no observar estas suspensiones, los jueces de amparo tendrán que cumplir con su obligación de sancionar hasta el límite, incluso si es necesario por la vía penal”.

En esta conferencia también se abordó el tema de las recientes audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington hasta donde llegaron los integrantes del Poder Judicial para exponer su inconformidad ante la Reforma Judicial donde hubo fuertes cuestionamientos contra el Estado Mexicano por violaciones a los derechos de los integrantes del PJ en contraste con una deficiente defensa por parte del gobierno mexicano y se demostró que no hay diagnóstico de que hay corrupción en el sistema judicial mexicano ni tampoco que la reforma judicial sea la solución.

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También se expuso que es bienvenida la participación de jóvenes abogados a impartir justicia, pero que “no se puede llegar de la calle el primer día a tomar las decisiones y ejecutar las labores más delicadas, porque hay que pasar por un proceso de adaptación y aprendizaje y experiencia para asumir la máxima responsabilidad” porque venir a juzgar es una labor de alta responsabilidad no es un día de campo.

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