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  • 24 NOV 2024, Actualizado 17:12

Continúan investigando a exservidores públicos en el EdoMex

Se les acusa de enriquecimiento ilícito, fraude, robo, hasta abuso de autoridad.

Continúan investigando a exservidores públicos en el EdoMex

Continúan investigando a exservidores públicos en el EdoMex

Varios exservidores públicos del Estado de México están siendo investigados por diversos delitos, que van desde los relacionados con enriquecimiento ilícito, fraude, robo, hasta abuso de autoridad.

Entre los investigados están Gamaliel Cano García, contralor durante el gobierno de Eruviel Ávila y quien actualmente dirige el despacho de asesoría jurídica Avanta Abogados. Se le investiga junto con su socia Nadya Carretero Beltrán por tener participación en empresas que tenían contratos con el Gobierno del Estado y con presidencias municipales de la entidad.

De acuerdo con investigaciones del subsecretario de Control y Auditorías de la entidad, Luis David Fernández, se estima que las empresas en las que participa están valoradas en más de 500 millones de pesos, de acuerdo con los contratos obtenidos en la indagatoria.

“Dentro de las acciones de control y evaluación llevadas a cabo desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 de mayo de este año, se realizaron 842 auditorías, 4,200 inspecciones, 6,435 testificaciones, 3,830 reuniones, 229 acompañamientos en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos y 91 seguimientos, lo cual representa 15,628 acciones en solo nueve meses”

Estas investigaciones se realizan para presentar un paquete de denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México en contra de varios exservidores públicos que laboraron en las administraciones de Eruviel Ávila, Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

Las compañías a las que se vinculan las investigaciones son Gaslow, Procesblack, Espacio y Volumen Habitat, Zerex y Slinn Silk, entre otras.

Otra línea de investigación es la falsificación de documentos y la subdeclaración de ingresos. Esto se debe a que se sabe que los funcionarios públicos declaran solo una fracción de sus verdaderos activos u omiten propiedades enteras, manipulando la información patrimonial para engañar al público y a las autoridades. Por ello, se realiza una investigación a profundidad de las anteriores administraciones.

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