Reforma Judicial compromete estabilidad jurídica y social: Coparmex
Además, genera incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, consideró el sindicato patronal
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que la reforma al Poder Judicial, en su forma actual y que fue aprobada durante la madrugada de este miércoles por la Cámara de Diputados, en lo general, representa riesgos que podrían comprometer la estabilidad jurídica y social de México.
Mediante una tarjeta informativa, la cúpula patronal apuntó que es fundamental que cualquier cambio sea fruto de un amplio consenso social y político, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la certeza jurídica necesaria para la estabilidad del país.
De acuerdo con los patrones de México, si bien es necesaria una reforma Integral al sistema de justicia, ésta debería enfocarse en mejorar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, especialmente para las víctimas de violencia y aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. La propuesta actual no logra cumplir este objetivo crucial.
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Asimismo, el sindicato patronal visualiza que con la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular, podría comprometer la independencia judicial, introduciendo presiones electorales y externas que afectarían la imparcialidad en la toma de decisiones.
Por ello, el organismo sugirió el fortalecimiento de la Carrera Judicial al proponer que en lugar de la elección popular, se privilegie un sistema basado en el mérito y la formación continua, apoyado por comisiones de selección independientes, para prevenir la influencia política en los nombramientos judiciales.
La Coparmex considera que esta iniciativa no aborda las problemáticas en los poderes judiciales estatales, donde se resuelve la mayoría de los juicios en México. Un sistema judicial estatal fuerte es esencial para garantizar el acceso equitativo a la justicia en todo el país.
También y lo más importante, que esta reforma debería acompañarse de un fortalecimiento de las fiscalías estatales y federales, dotándolas de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas e imparciales, independientes del poder político.
La propuesta de sustituir al CJF por un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por voto popular, podría politizar el proceso disciplinario y comprometer la imparcialidad en la administración de justicia.
Los integrantes de la cúpula patronal, alertaron que esta reforma genera incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, lo que podría afectar la captación de inversión extranjera directa en un contexto global favorable para México.
Además, la politización del Poder Judicial podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con estándares de derechos humanos e independencia judicial, afectando su posición en acuerdos comerciales como el T-MEC.
Por último, señala que la implementación de un sistema de elección popular para miles de jueces y magistrados plantea retos significativos que podrían afectar la eficiencia en la impartición de justicia y requerir una considerable asignación de recursos.