AMLO deja un sistema penitenciario con nueva sobrepoblación y más presos sin condena

El presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó como parte del llamado “Plan C” una iniciativa para volver reformar el artículo 19 de la Constitución e incrementar el número de casos que ameritan el encarcelamiento automático de personas por ciertos delitos aun cuando no se les haya probado que lo cometieron.

De aprobarse sería la segunda vez que esto ocurre luego de que en 2019 por iniciativa suya y con la aprobación de casi todos los partidos se incrementó este catálogo.

El efecto de esa primera reforma aprobada en el sistema penitenciario ha sido claro. El gobierno de López Obrador dejará unas cárceles con niveles de sobre población que ya se habían logrado revertir antes de su llegada y con un claro incremento de personas presas sin sentencia.

Los datos oficiales actualizados revisados por Así las Cosas PM prueban que la administración federal saliente dejará un incremento superior al 17 por ciento en el total de población penitenciaria. Esto se traduce en casi 35 mil personas privadas de la libertad más en comparación a las que había antes.

En números precisos. En diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador, la cifra de personas privadas de la libertad en el país era de 197 mil 988. En cambio, al cierre de mayo pasado esta cifra ya era de 232 mil 495 que es una diferencia al alza de 34 mil 507 personas.

La tendencia anual es clara. Hasta antes de 2019 la cifra total de personas privadas de su libertad se había mantenido a la baja por cuatro años consecutivos gracias a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio que dificultó el encarcelamiento automático de personas.

Pero a partir de 2019, cuando inició el sexenio y se aprobó el primer incremento al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa la tendencia anual ha ido en ascenso: 200 mil al cierre de 2019; 214 mil al cierre de 2020; 22 mil en 2021; 228 mil en 2022; y casi 232 mil en 2023.

Inocentes sin condena

De las 232 mil 495 personas presas al cierre de mayo pasado 87 mil 447 son personas bajo proceso, que aún no han enfrentado un juicio en el que se determine si son culpables. Para efectos legales siguen siendo inocentes. Se trata de más de la tercera parte de toda la población penitenciaria.

Los 87 mil 447 encarcelados en prisión preventiva son un incremento del 16.5 por ciento respecto a los 75 mil 30 que se encontraban en la misma condición a finales de 2018.

Los datos oficiales también muestran que el total de personas presas que ya fueron sentenciadas ha crecido al pasar en el mismo periodo de 122 mil 958 a 145 mil 48. Aunque el porcentaje de crecimiento es ligeramente superior al de personas sin sentencia, hay investigaciones como esta publicada por Animal Político e Intersecta que muestra que muchas personas en prisión preventiva optan por declararse culpables y recibir una sentencia sin ir a juicio con tal de agilizar su proceso.

Lo anterior significa que el encarcelamiento automático u oficioso de personas por cierto tipo de delitos incide en que estas renuncien a su derecho a ir a juicio, sobre todo cuando no cuentan con los medios para costear una defensa adecuada.

La sobrepoblación de vuelta

La administración del presiente López Obrador recibió un sistema penitenciario que no estaba sobre poblado al menos a escala nacional. El total de espacios en las cárceles era de 217 mil 580 pero el total de personas privadas de su libertad ascendía a 197 mil 988. Había espacios disponibles con una ocupación del 91 por ciento.

La realidad transcurrido casi todo el sexenio es distinta. La cifra de personas encarceladas sobrepasa en más de diez mil los espacios disponibles. En números exactos hay 232 mil 495 personas presas en penales cuyos espacios totales son de 222 mil 442.

El fenómeno desagregado no es parejo. Actualmente ninguno de los penales federales presenta problemas de hacinamiento. En cambio, hay 15 entidades federativas con más personas privadas de su libertad en sus cárceles de las que debería de haber de acuerdo con los espacios disponibles. El caso más grave es el estado de México donde el total de presos duplica al de espacios disponibles.

Contrario al marco internacional

La nueva reforma en materia de prisión preventiva oficiosa incorporada al llamado Plan C del presidente incluye otra ampliación de esta figura a delitos como la extorsión, el contrabando, y diversos relacionados con temas fiscales, entre otros.

Un análisis técnico sobre esta iniciativa coordinado por el Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierte que la ampliación de este catálogo de delitos y el uso de la prisión preventiva oficiosa son contrarios al marco internacional como ya ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena contra México por este tema.

En ese sentido los expertos consideran que es urgente que el la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una determinación ya respecto a cómo aplica esa sentencia frente a la constitución que sí la incluye y, a partir de ello se defina si es conveniente que se continúen ampliado estos delitos.