Suprema Corte alista la eliminación de la cárcel automática en México
El periodista Arturo Ángel reveló en exclusiva que la SCJN ya tiene dos proyectos para frenar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa
La Suprema Corte va por desaparecer la prisión preventiva oficiosa.
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El encarcelamiento automático de las personas en México solo por la presunción de haber cometido un cierto tipo de delito tiene sus días contados en México, reveló en exclusiva nuestro colaborador Arturo Ángel, en su sección Expedientes.
En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista independiente destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene trazadas dos rutas para frenar de forma definitiva la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pese a las críticas del presidente y al desplegado de gobernadores de la 4T pidiendo que se mantenga.
Así las Cosas PM tiene copia íntegra de los proyectos del máximo tribunal en el que se detalla la ruta para la extinción de esta figura.
Arturo Ángel explicó que el primer proyecto es el “Expediente sobre recepción de sentencias internacionales 3/2023″ y fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En él se analiza cómo aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2023 condenó a México por el uso abusivo de la prisión preventiva oficiosa. En dicha sentencia la Corte Interamericana pide que se elimine su aplicación automática, dijo.
El proyecto de Pardo concluye que dicha sentencia internacional es de carácter obligatorio y, por tanto, tiene el carácter de cosa juzgada dentro de un sistema interamericano del que México es parte y solo le queda acatarla. Este proyecto deberá discutirse en la Primera Sala en las próximas semanas.
Nuestro colaborador detalló que el segundo proyecto es el relativo a la “Acción de inconstitucionalidad 49/2021″ que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas de 2019 y 2021, que ampliaron la prisión preventiva oficiosa a 45 tipos delictivos distintos.
Señaló que este proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, y está a la espera de asignación de fecha.
El proyecto propone que el concepto de prisión preventiva oficiosa se “reinterprete” solo como la obligación que tendrá el juez de que se debata si es necesario aplicarla, pero ya no así de imponerla, es decir, tendrá que justificarse si es la medida adecuada.
