FGR implica a Genaro García Luna en el caso Colosio

La Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer que se cuenta con datos que implican en una nueva acusación contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, quien se desempeñaba como subdirector operativo del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Se informa en un comunicado que presuntamente García Luna encubrió a José Antonio Sánchez Ortega, quien es señalado como un segundo tirador en el caso del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La FGR destacó que hay un gran acervo de pruebas que demuestran la presencia de Sánchez Ortega “en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”.

La FGR mencionó que el ex agente del CISEN, a quien se le asignó cubrir a Colosio Murrieta, fue liberado en aquellos momentos, en un “evidente encubrimiento delictivo” en el que estuvo vinculado directamente García Luna, quien lo rescató en Tijuana.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas que presentó y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado, se encontró el tipo de sangre de la víctima, además de que las pruebas de rodizonato señalan que José Antonio Sánchez, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.

Agregó que un gran número de testimoniales señalan al ex servidor público en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima y que ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de Luis Donaldo Colosio.

Respecto a la testigo identificada como Leticia Ortiz, la FGR puntualizó que nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido.

En este contexto, la FGR informó que apelará la resolución de Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, quien hace 20 días negó la orden de aprehensión contra José Antonio Sánchez.

Argumentó que el impartidor de justicia actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas presentadas.