Son ineficaces las reglas contra violaciones militares en México: HRW

Para Hoy por Hoy con Carlos Puig, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, aseguró que en México existen reglas claras pero ineficaces en el combate a las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército

Al dar un avance sobre el reporte que presentarán en la Ciudad de México titulado: Impunidad Uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, sostuvo que en nuestro país sigue existiendo impunidad a la hora de juzgar los abusos cometidos por elementos militares

"El reporte no es especulativo, ni de discusión académica, ni abstracta, se evalúa en la práctica y en los hechos el récord de la justicia militar en investigaciones y sanciones de militares cuando cometen violaciones a los derechos humanos; cuando les toca a los militares autojuzgarse en hechos atroces esas investigaicones acaban en la nada"

El presente informe describe 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles

"Si revisas lo que ha sido la secuencia de varias violaciones a derechos humanos, en muchos de los casos el Ejército acepta las  recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero le da pie, lo cual es un error, a que se autojuzgue". El texto también señala: Dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema civil de justicia penal. Esta conclusión está plenamente avalada por el derecho internacional, que dispone claramente que las violaciones graves de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes. Como resulta evidente en este informe, el sistema de justicia militar de México no cumple con estos estándares. Organismos internacionales a cargo de interpretar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaprueban el ejercicio de la jurisdicción militar en este tipo de casos debido a que los sistemas de justicia militar frecuentemente son poco transparentes. También sostienen que, dado que las fuerzas militares se juzgan a sí mismas, abundan potenciales conflictos de interés. El sistema mexicano no es una excepción: no se encuentra estructurado para garantizar resultados justos y, como claramente lo demuestra la información existente hasta el momento, estos resultados tampoco se obtienen en la práctica

"La actitud de Gómez Mont (secretario de Gobernación) y PGR es bastante defensiva y cerrada; piensan que estamos cuestionando la política de seguridad contra el 'narco'; intentan mostrar la magnitud del problema; estamos consientes de la amenaza del 'narco', no estamos en esa discusión lo que queremos es que Calderón acuda al Ejército como piedra angular en política de seguridad pero que actúen en ciertos parámetros los cuales no existen"

A fin de implementar los requisitos constitucionales y de cumplir con su compromiso expreso de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de derecho en México, el Presidente Calderón, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debería presentar al Congreso una iniciativa de reforma del sistema de justicia militar. Concretamente, la reforma debería incluir lo siguiente: - Modificar el artículo 57 (II) del Código de Justicia Militar para que establezca expresamente que al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por el sistema de justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público locales o federales

• Instruir a las autoridades militares que cooperen plenamente con los agentes del ministerio público locales o federales en la investigación y el juzgamiento de los abusos militares contra civiles

• Garantizar que los jueces y los magistrados militares gocen de estabilidad en sus cargos, al fijar un período específico durante el cual permanecerán en el cargo y establecer causales y mecanismos claros para su remoción

• Garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales militares sean objeto de una revisión exhaustiva por parte de autoridades civiles, por ejemplo, al designar a jueces civiles independientes en el Supremo Tribunal Militar o al permitir una revisión de fondo de las decisiones de la justicia militar por los tribunales federales

Debería instruir al Secretario de la Defensa Nacional que garantice que: • Los fiscales y los jueces militares no ejerzan su competencia respecto de casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos. Deberían, además, recibir la instrucción de declinar competencia y remitir inmediatamente los expedientes ya existentes que correspondan a este tipo de casos a los agentes del ministerio público locales o federales que deban llevar a cabo las investigaciones. Una vez que los casos se encuentren en la jurisdicción civil, las autoridades militares deberían colaborar plenamente con las investigaciones

• La Secretaría de la Defensa Nacional amplíe la transparencia de los procedimientos del sistema de justicia militar, cumpliendo plenamente con la ley federal de transparencia y las obligaciones de México conforme al derecho internacional. Entre otras cosas, debería brindar información básica al público sobre el estado de los casos relacionados con víctimas civiles, facilitar el acceso a información sobre las próximas audiencias públicas a través de la página web oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional y facilitar el acceso público a las instalaciones militares donde tramitan los casos ante la justicia militar. Por último, y en especial en relación con el delito de desaparición forzada, el Presidente Calderón debería presentar una iniciativa ante el Senado para retirar la reserva formulada por el gobierno de México al ratificar la Convención Interamericana sobre DesapariciónForzada de Personas en 2002, y para reconocer inmediatamente la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008

Sobre las iniciativas anticrimen presentadas por el Ejecutivo expresó que "tienen algunos méritos pero no cambian el asunto del fuero, no abordan para nada la jurisdicción militar; sólo abren la discusión nacional; confío en que diputados y senadores debatirán cada una de esas propuestas y harán los ajustes que requiera el Ejército para tener claro que en los operativos estarán subordinados a la autoridad civil"

Con respecto a la Iniciativa Mérida dijo que su reporte influirá ya que todos los programas de cooperación en materia de seguridad que aprueba Estados Unidos están regidos por ciertas normas clave para que el dinero no vaya a terminar contribuyendo a organizaciones de seguridad que violen derechos humanos

"Lo que le importa al Congreso de Estados Unidos es que haya reglas claras y eficaces, las reglas si bien existen en México pero no son eficaces"

El reporte se puede consultar en: http://www.hrw.org/es/reports/2009/04/28/impunidad-uniformada